El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido una demanda presentada contra la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en la que se cuestiona la legalidad de la transmisión pública de los Consejos de Ministros.
La acción legal fue interpuesta por Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, quien argumenta que la divulgación de estas reuniones vulnera lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 63 de 1923, el cual establece que los Consejos de Ministros deben ser reservados.
En el documento radicado ante el tribunal, Ortiz Mancipe solicita que el presidente Gustavo Petro y el Dapre se abstengan de hacer públicos estos encuentros y cumplan con la normativa vigente.
Tras evaluar la demanda, el Tribunal determinó que esta cumple con los requisitos exigidos por la Ley 393 de 1997, lo que llevó a su admisión formal y a la notificación de las entidades demandadas.
En este contexto, la Presidencia y el Dapre deberán presentar pruebas y entregar los antecedentes administrativos relacionados con el caso.
Es importante destacar que la admisión de la demanda no implica una decisión de fondo sobre el asunto, sino el inicio del proceso judicial, en el que el Gobierno podrá exponer sus argumentos en defensa de la publicidad de estos encuentros.
La transmisión de los Consejos de Ministros ha sido objeto de debate en distintos sectores.
Mientras que el Gobierno sostiene que esta práctica fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, algunos críticos advierten que podría afectar la deliberación interna del Ejecutivo.
El proceso judicial continuará con la presentación de pruebas y argumentos por ambas partes, mientras el país sigue de cerca este caso que podría sentar un precedente en la gestión de la transparencia gubernamental.
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