La Justicia argentina resolvió conceder prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007‑2015), actualmente sentenciada a seis años de prisión por administración fraudulenta.
Con esta decisión del juez de ejecución penal Jorge Gorini, la líder peronista comenzará a cumplir su condena en su residencia del barrio de Constitución, y queda sin efecto su comparecencia presencial ante el tribunal, originalmente prevista para este miércoles.
Según la resolución judicial, la medida —amparada en el artículo que contempla el arresto domiciliario para condenados mayores de 70 años— rige desde hoy mismo y exime a Fernández, de 72 años, de presentarse en persona ante los tribunales.
A cambio, la exmandataria deberá respetar una batería de condiciones: permanecer en su hogar salvo “situaciones excepcionales de fuerza mayor” debidamente justificadas; abstenerse de cualquier conducta que perturbe la tranquilidad del barrio o altere la convivencia pacífica; y aceptar un dispositivo de vigilancia electrónica que garantice el monitoreo de su ubicación.
En un plazo no mayor a 48 horas, la exjefa de Estado deberá informar al tribunal la nómina completa de su grupo familiar, el equipo de custodia policial, los médicos que la asisten habitualmente y los abogados que la representan.
Todos ellos podrán acceder a su domicilio sin necesidad de autorización adicional.
El cumplimiento de estas pautas estará supervisado trimestralmente por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que elevará informes al juzgado para verificar el acatamiento de las reglas impuestas.
El beneficio de la prisión domiciliaria fue solicitado por la defensa de Fernández tras la confirmación definitiva de la condena por parte de la Corte Suprema, el pasado 10 de junio.
En su escrito, los abogados de la exmandataria destacaron tanto su edad como su condición de expresidenta, así como el antecedente del ataque a su persona ocurrido el 1 de septiembre de 2022.
La fiscalía, sin embargo, se opuso al pedido, argumentando la ausencia de “razones humanitarias” suficientes para justificar tal beneficio.
Cristina Fernández fue condenada en 2022 por un tribunal oral de Río Gallegos al hallar responsabilidad en irregularidades detectadas en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz, durante sus dos mandatos e inmersa además en el gobierno de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner (2003‑2007).
Además de la pena de seis años de prisión, recibió inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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