Una nueva polémica se ha desatado en el país luego de que el Consejo Superior de Política Criminal, presidido por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, recibiera para estudio el borrador de un proyecto de ley que contempla amplios beneficios judiciales para jefes de organizaciones criminales que decidan someterse a la justicia.
Durante la sesión, realizada el pasado viernes, estuvieron presentes representantes del Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y diversos académicos, quienes evaluaron la viabilidad jurídica y política de la iniciativa.
Sin embargo, el texto preliminar ya ha generado controversia por lo que algunos sectores califican como “gabelas excesivas” a estructuras criminales y cabecillas del narcotráfico.
La magistrada Ávila Roldán, delegada de la Corte Suprema de Justicia, votó en contra del proyecto, señalando que “se trata de un tema muy delicado para el país que necesita mayores consensos y un análisis más reposado, dado los impactos que puede tener en términos de política criminal”.
Ávila argumentó que los lineamientos de la denominada “paz total” ya están previstos en la Ley 2272 de 2022, y advirtió que el nuevo proyecto carece de justificación suficiente respecto a la presunta ineficacia de los marcos normativos vigentes.
“Es necesario explicar por qué la normatividad actual no resulta idónea o eficaz para la búsqueda de la paz bajo las condiciones propuestas”, afirmó.
Beneficios controversiales
Entre los puntos más polémicos del proyecto figuran la posibilidad de rebajas de hasta el 60 % de las penas impuestas —incluso en casos ya condenados—, libertad condicional para ciertos condenados, medidas de aseguramiento fuera de las cárceles tradicionales, y la legalización de hasta el 12 % del patrimonio adquirido ilícitamente.
Especial preocupación han causado disposiciones como la que permitiría la excarcelación de cabecillas que ya hayan cumplido la pena mínima en prisión.
“Las personas que hayan cumplido ocho años o las dos quintas partes de la pena de privación efectiva de la libertad, y que además colaboren con el desmantelamiento de su organización criminal y contribuyan con los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, podrán acceder a libertad condicional”, señala el borrador.
Requisitos para el sometimiento
El Gobierno Nacional establecería una serie de condiciones para acceder a estos beneficios, entre ellas el cese total de las actividades delictivas, la entrega de armas y bienes obtenidos de manera ilegal, la liberación de personas secuestradas y la participación activa en programas de transformación territorial.
Los jefes criminales deberán además obtener una certificación de buena conducta y compromiso con la paz, expedida por la Oficina del Alto Comisionado.
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