La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el pago de la segunda cuota del impuesto al patrimonio, que debía cancelarse el próximo 4 de mayo de 2026, únicamente para entidades sin ánimo de lucro del régimen especial y aquellas en proceso de liquidación.
La medida se adopta mientras el alto tribunal estudia el decreto de emergencia económica expedido tras los desastres en Córdoba y Sucre.
La decisión fue aprobada con seis votos a favor y tres en contra. Los magistrados Héctor Alfonso Carvajal, Juan Carlos Cortés y Vladimir Fernández salvaron su voto, mientras que otros tres togados presentaron aclaraciones.
El pronunciamiento se da a pocos días del vencimiento del segundo pago, en medio de fuertes críticas de gremios empresariales por el impacto del impuesto.
El tributo, que debe pagarse en dos cuotas iguales —la primera ya vencida el 1 de abril—, fija una tarifa del 0,5% para personas jurídicas y del 1,6% para sectores financiero y extractivo.
El Gobierno proyecta recaudar cerca de $8 billones con esta medida.
Sin embargo, expertos han advertido efectos negativos en la inversión y la liquidez empresarial. El exdirector de la Dian, Jairo Orlando Villabona, señaló que el impuesto podría desincentivar la capitalización de las compañías.
A esto se suma la preocupación por el flujo de caja, ya que el pago concentrado en corto plazo podría generar dificultades financieras, especialmente en un contexto de desaceleración económica y altas tasas de interés.
Analistas también alertan sobre posibles efectos inflacionarios, ante el traslado de costos a los consumidores, y riesgos para la inversión extranjera.
Sectores como el educativo privado ya estiman impactos significativos, con posibles afectaciones a la sostenibilidad financiera de universidades.
La Corte continuará evaluando el decreto mientras crecen las alertas sobre las implicaciones económicas del impuesto.
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