La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado hallazgos fiscales que ascienden a $47.261 millones, tras identificar irregularidades en la administración de los recursos del Fondo Emprender del Sena y en contrataciones relacionadas con la ampliación de la urgencia manifiesta para la prestación de servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).
Principales irregularidades detectadas
El hallazgo más significativo corresponde a la revocatoria de un proceso de licitación para los servicios TIC del Sena, el cual ya contaba con una oferta habilitada para ser adjudicada.
En lugar de proceder con la licitación, el Sena optó por firmar un contrato interadministrativo con Colombia Telecomunicaciones, amparado en la declaratoria de urgencia manifiesta.
Este contrato, firmado por un valor de $210.228 millones y con una duración de cinco meses (del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2023), resultó en un detrimento patrimonial estimado en $43.660 millones.
Según la Contraloría, esta pérdida corresponde a la diferencia entre el valor pagado bajo el contrato suscrito y el monto que habría representado la adjudicación del proceso licitatorio.
Además, este hallazgo se suma a otro detrimento patrimonial de $45.733 millones relacionado con la verificación de contrataciones derivadas de una declaratoria anterior de urgencia manifiesta.
Deficiencias en la gestión y recuperación de cartera
La auditoría también evidenció graves deficiencias en la gestión y recuperación de cartera por parte del Sena, lo que resultó en la pérdida de $3.601 millones en recursos públicos.
Estas irregularidades fueron documentadas tras atender una denuncia presentada ante la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social.
Impacto y conclusiones de la Contraloría
La CGR calificó las decisiones administrativas del Sena como antieconómicas y contrarias a los principios de transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos.
Además, destacó que las decisiones tomadas bajo el amparo de la urgencia manifiesta, lejos de agilizar la prestación de servicios, resultaron en graves perjuicios económicos para el erario.
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