La Sección Tercera del Consejo de Estado admitió para estudio una acción de tutela presentada por el abogado Germán Calderón España en contra de la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia, en la que se advierte que la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente podría poner en riesgo derechos fundamentales como el debido proceso y la participación democrática.
La tutela fue interpuesta tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante su alocución del pasado 11 de junio, en la cual anunció que se entregaría una papeleta en las próximas elecciones para promover la convocatoria de una constituyente.
Esta intención fue reafirmada un día después por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien respaldó públicamente la iniciativa.
El jurista solicitó al alto tribunal la adopción de una medida provisional que le ordenara al jefe de Estado abstenerse de promover la entrega de dicha papeleta, argumentando que se estarían vulnerando principios esenciales del orden constitucional.
Sin embargo, el Consejo de Estado rechazó esta petición al considerar que no se configura una amenaza inminente que justifique una intervención inmediata por parte del juez constitucional.
“No se advierte una situación urgente e inminente que requiera una intervención temprana del juez constitucional en procura de la protección o cautela de un derecho fundamental”, señala la decisión del tribunal.
En su pronunciamiento, la corporación también precisó que durante el término legal para decidir la acción no se prevé una afectación irremediable a los derechos invocados por el demandante.
Pese a la negativa de la medida provisional, el Consejo de Estado sí decidió admitir la tutela para su análisis de fondo, con lo cual se abre un proceso judicial que podría tener implicaciones relevantes sobre la viabilidad legal de la propuesta presidencial.
En consecuencia, el tribunal resolvió:
1. Admitir la demanda de tutela.
2. Negar la medida provisional solicitada por el accionante.
3. Notificar la decisión a la Presidencia de la República y al Ministerio de Justicia, quienes deberán responder a los hechos dentro de los próximos dos días.
4. Enviar copia de la decisión a la parte demandante y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Este paso del alto tribunal marca el inicio de una revisión judicial sobre los límites constitucionales del Ejecutivo en la promoción de una constituyente, un tema que ha generado amplio debate político y jurídico en el país.
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