La Sección Primera del Consejo de Estado anuló en su totalidad la resolución que permitía el cobro de una tasa de seguridad departamental en el Valle del Cauca, la cual venía incluyéndose desde el año 2016 dentro de los recibos de energía eléctrica que pagan los ciudadanos en esta región del país.
El alto tribunal concluyó que la ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental del Valle carecía de sustento jurídico suficiente y no contaba con una definición clara del hecho generador del cobro, requisito indispensable para su legalidad.
Esta tasa se respaldaba en la Ley 1421 de 2010, que establece instrumentos para fomentar la convivencia y la eficacia de la justicia, pero según el Consejo de Estado, esta norma no ofrece un marco normativo específico que justifique la creación del tributo en cuestión.
“Ante la ausencia de definición del hecho generador en el inciso 2º del artículo 8 de la Ley 1421 de 2010, que autorizó la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, la Asamblea Departamental del Valle del Cauca carecía de facultad para adoptar la ordenanza demandada”, se lee en el fallo.
De acuerdo con la decisión, el Consejo se abstuvo de analizar los demás cargos presentados en contra del acto administrativo, debido a que la falta de competencia por parte de la Asamblea resultó suficiente para declarar su nulidad.
La sentencia establece que la medida no tendrá efectos retroactivos, por lo que la devolución de los valores recaudados en años anteriores no será procedente.
La nulidad solo aplicará de ahora en adelante.
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