El secretario General de Medellín presentó en el Concejo el análisis de riesgo del distrito, dejando en evidencia que la Medellín que entregó la anterior administración dejó muchas deudas y preocupaciones.
Hubo un incremento de los procesos activos en contra del distrito de 140% con una cuantía que se acerca a los $9 billones y que requerirá trabajo de la oficina de defensa de Medellín para lograr bajar ese monto.
Por otro lado hay represamiento en la gestión documental jurídica, lo que implicará incurrir en costos adicionales de personal para que pongan al día el papeleo correspondiente y no se encuentren procesos que debían tener atención y se perdieron pro falta de gestión.
Por otro lado, y como lo había dado a conocer en su momento el equipo de empalme del actual alcalde, el distrito tiene una millonaria deuda con EPM, no solo por los servicios de la sede administrativa, como inicialmente se supo, sino por servicios no pagados de los planteles educativos.
Y la cereza del pastel es el detrimento patrimonial que deja la negociación realizada por la Clínica de la 80, escándalo en su momento denunciado por el hoy ex concejal Alfredo Ramos Maya, que dejó en evidencia que lo invertido por Medellín en un bien privado no se recuperó cuando el interventor encontró comprador para el inmueble.
En su momento, y con Daniel Quintero como alcalde de Medellín, en medio de la pandemia del COVID, el mandatario local tomó la determinación de pedir en comodato la Clínica de la 80 que había sido intervenida a SaludCoop para ampliar, de manera temporal, los servicios sanitarios de la ciudad.
Para poder poner, por lo menos dos pisos, en funcionamiento el distrito tuvo que hacer una millonaria inversión, a pesar de que en el contrato de comodato estaba claro que cualquier inversión que se hiciera en el inmueble no sería reconocida.
Cuando finalizó la pandemia y estos servicios adicionales no fueron requeridos, Medellín le solicitó al interventor permitir negociar las mejorar con un posible comprador de todo el inmueble, lo que finalmente sucedió, pero esa negociación no cubrió el monto total invertido para poner en funcionamiento esos dos pisos.
Esto podría representar investigaciones posteriores en contra de la administración pasada y posibles hallazgos fiscales por el detrimento patrimonial de más de $12 mil millones según se conoció en sesión del Concejo.
