Una insólita decisión judicial ha desatado controversia en el sector salud de Bucaramanga, luego de que un juez fallara a favor de un ciudadano que interpuso una acción de tutela alegando problemas de autoestima, ordenando la entrega de dos muñecas sexuales inflables como parte de su tratamiento.
La orden recayó sobre una EPS que ahora debe cumplir con la insólita disposición.
La noticia fue dada a conocer por el presidente de dicha entidad promotora de salud, quien mostró su desacuerdo con el fallo pero reconoció estar obligado legalmente a acatarlo.
Según el directivo, este tipo de decisiones no solo desconciertan por su naturaleza, sino que también afectan directamente la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
Sergio Prada, directivo de la Clínica San Luis, manifestó su preocupación frente al caso, señalando que se trata de un claro ejemplo de los abusos que sufre actualmente el sistema.
“No entendemos cómo un juez ordena esto cuando hay derechos fundamentales prioritarios que aún no se garantizan”, expresó en declaraciones a medios locales.
Prada subrayó que la red hospitalaria enfrenta serias dificultades, entre ellas demoras en la asignación de citas, escasez de medicamentos y múltiples barreras para acceder a servicios especializados.
Estas problemáticas han llevado a la intervención o liquidación de varias EPS, generando millonarias deudas con clínicas y hospitales.
“El sistema está en crisis. Hace tres años perdimos $15 mil millones por atender pacientes de EPS como Comparta, Medimás y Coomeva. Salvamos muchos niños con cáncer, prestamos servicios esenciales, y al final el Estado no respondió por las deudas tras las liquidaciones”, denunció Prada, quien insistió en que las instituciones médicas están siendo asfixiadas por decisiones judiciales que considera desproporcionadas.
El directivo cuestionó el razonamiento detrás del fallo: “Eso es un abuso. Al parecer, por un problema de autoestima se presentó la tutela y el juez ordenó a la EPS comprar las muñecas inflables. Son decisiones que golpean aún más al sistema de salud”, enfatizó.
Según Prada, la obligación de atender este tipo de requerimientos impide a las instituciones de salud destinar recursos a necesidades realmente críticas.
“No puede ser. Son cosas insólitas que afectan tanto la atención a los usuarios como las finanzas de las IPS”, añadió.
Finalmente, el directivo advirtió que mientras se mantenga esta línea de decisiones judiciales, las clínicas y hospitales seguirán afrontando grandes dificultades para cumplir con sus obligaciones operativas y salariales. “Así, el sistema colapsa”, concluyó con preocupación.
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