Una acción popular interpuesta ante un juez administrativo de Medellín busca frenar la aplicación del pico y placa en la Autopista Sur, a la altura del municipio de Itagüí.
La demanda fue presentada por el ciudadano Sergio Estrada Vélez, quien sostiene que la medida, adoptada mediante el Decreto 730 del 29 de julio de 2025, desconoce principios constitucionales y afecta derechos colectivos.
Según el recurso judicial, la administración local decidió excluir de la lista de vías exentas varios tramos de la Autopista Sur que atraviesan su jurisdicción, imponiendo restricciones de circulación en una vía nacional que, históricamente, había permanecido libre de este tipo de medidas.
“Es una afectación grave a la confianza legítima de los conductores y ciudadanos que han transitado durante años por esta vía sin restricción, bajo el entendido de que es una arteria nacional”, expresó Estrada Vélez en el escrito radicado.
El demandante agregó que la decisión genera confusión, sanciones indebidas y rompe el consenso alcanzado en el Valle de Aburrá, donde los diez municipios aplicaban reglas coordinadas en materia de movilidad.
Principios constitucionales en discusión
La acción popular se fundamenta en la protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa, consagrado en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
Estrada argumenta que el municipio vulnera los principios de coordinación (artículo 209 de la Constitución), concurrencia (artículo 288) y confianza legítima, al imponer restricciones sin concertación con el Área Metropolitana ni con el Ministerio de Transporte.
La demanda cita fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que establecen que la moralidad administrativa implica el respeto a los principios generales del derecho, en especial cuando las decisiones de una autoridad afectan de manera directa derechos colectivos y modifican reglas previamente conocidas por la ciudadanía.
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