La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado un nuevo paso en la investigación de los llamados ‘falsos positivos’ en Antioquia, al imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales retirados y 25 oficiales del Ejército Nacional.
Según los avances presentados, estas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron entre 2004 y 2007 y dejaron un saldo de 442 víctimas, asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas como bajas en combate y así inflar los resultados operacionales.
Durante una rueda de prensa, la presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Catalina Díaz, destacó que, aunque los asesinatos y desapariciones de civiles formaron parte de un patrón sistemático a nivel nacional, no se ha hallado evidencia oficial que vincule estas prácticas directamente con la Política de Seguridad y Defensa Democrática ni con otros documentos institucionales.
“Hemos esclarecido que esta política, de facto, o sea en la práctica, no surge del documento oficial de la Política de Seguridad y Defensa Democrática, ni del Plan Patriota, ni del Manual de Estado Mayor 3-50”, explicó Díaz.
La magistrada también detalló que la investigación se ha fortalecido con testimonios y documentos que evidencian presiones militares, incentivos y objetivos estratégicos que desembocaron en la comisión de estos crímenes.
Además, resaltó la existencia de reuniones de alto nivel en Antioquia, en 2006, donde representantes del gobierno nacional y las Fuerzas Militares discutieron medidas para contener la proliferación de estos hechos.
Entre las propuestas analizadas figuraba el incremento de la participación de la Fiscalía en los levantamientos de cuerpos, con el fin de evitar que los militares llevaran a cabo estas diligencias de manera directa.
De acuerdo con la JEP, los generales retirados Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria habrían promovido una política de “conteo de cuerpos” que incentivó el asesinato de civiles.
A ellos se suman 25 oficiales y 10 suboficiales imputados por su presunta participación en la ejecución sistemática de estas muertes ilegales. Asimismo, se señaló la implicación de dos civiles que habrían actuado como reclutadores de víctimas a cambio de pagos.
Díaz subrayó que la JEP no tiene competencia sobre expresidentes, por lo que las investigaciones se han centrado en los niveles militares y otros actores involucrados en estos crímenes.
También insistió en que las determinaciones judiciales se fundamentarán en una investigación exhaustiva, basada en “cientos de documentos, versiones y testimonios”.
Según los datos recopilados por la JEP, Antioquia experimentó un incremento sostenido de los ‘falsos positivos’ hasta 2004, con un pico a nivel nacional entre 2006 y 2007.
Lean también: Duelo sinfónico
#ATENCIÓN | La #JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales, 35 oficiales y suboficiales antiguos miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional por 442 ‘falsos positivos’ en Antioquia entre 2004 y 2007. #Caso03 #Antioquiahttps://t.co/SWv1WZM50B
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) February 19, 2025
