La Procuraduría General de la Nación archivó la investigación disciplinaria contra la ex ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, relacionada con el escándalo de corrupción por el contrato de la Unión Temporal Centros Poblados, en el que se desviaron 70 mil millones de pesos.
Según la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, no se encontraron pruebas que demostraran que Abudinen incurrió en una falta disciplinaria en la adjudicación del contrato 1043 de 2020, que estaba destinado a la ejecución del proyecto de centros digitales en zonas rurales del país.
“La Procuraduría concluye que las decisiones tomadas durante su gestión, aunque relacionadas con el proceso de licitación, no constituyeron una violación a las normas de contratación pública que pudieran generar responsabilidades disciplinarias para la exministra”, se lee en la resolución.
No participó en la planeación del contrato
El ente de control también destacó que Abudinen no participó en la planeación ni en la estructuración del proceso de contratación que derivó en el escándalo de Centros Poblados. La investigación permitió aclarar que la exfuncionaria no estuvo directamente involucrada en los pasos previos a la adjudicación del contrato.
“En este marco, las pruebas permiten a la Sala descartar la incursión de la investigada en una falta disciplinaria por el quebrantamiento directo de sus deberes funcionales, pues, como se ha expresado a lo largo de este proveído, la doctora Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, ministra MinTic, no participó en la planeación y estructuración del proceso de contratación que tendría por objeto ejecutar el proyecto centros digitales”, señala la decisión.
Contexto del escándalo de Centros Poblados
El caso de Centros Poblados se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción durante el gobierno de Iván Duque, cuando se descubrió que la Unión Temporal que ganó el contrato para llevar conectividad a zonas rurales del país utilizó garantías bancarias falsas y desvió más de 70 mil millones de pesos del anticipo.
Aunque el caso provocó la renuncia de Abudinen como ministra, su defensa siempre sostuvo que ella no fue responsable directa de las irregularidades. Tras meses de investigaciones, la Procuraduría concluyó que no había suficientes elementos para responsabilizarla disciplinariamente.
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