La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una acción de tutela que cuestiona la legalidad de la consulta popular promovida por el presidente de la república, Gustavo Petro, para revivir su reforma laboral, tras el hundimiento del proyecto en la Comisión Séptima del Senado.
La tutela fue presentada por Breyner Aaron, quien argumenta que el anuncio presidencial, hecho a través de redes sociales, vulnera principios democráticos al omitir un debate amplio en el Congreso.
Además, alerta que la iniciativa podría comprometer más de 500 mil millones de pesos del erario sin una participación ciudadana previa efectiva.
El ciudadano también reprocha el papel de la Comisión Séptima, que archivó el proyecto sin deliberación del pleno del Legislativo, y pide aplicar la excepción de inconstitucionalidad a un artículo de la Ley 754 de 2002, que limita el debate de reformas sociales.
Como alternativa, propone el uso de plataformas digitales para recoger la opinión ciudadana, y plantea además una reforma a la Ley 142 de 1994, señalando su falta de beneficios reales para los usuarios de servicios públicos.
El Consejo de Estado ordenó notificar al presidente y a la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, mientras se estudia la viabilidad del proceso.
Para que la consulta sea válida, deberá contar con al menos 13,6 millones de votantes.
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