El Gobierno Nacional expidió un nuevo decreto que ordena el traslado masivo de afiliados a la Nueva EPS, en una medida que impactará a cerca de 2,6 millones de usuarios en todo el país.
La decisión obliga a esta entidad a recibir pacientes provenientes de otras aseguradoras como EPS Sura y Sanitas.
La determinación ha generado inquietud entre pacientes y expertos del sector salud, especialmente por la capacidad real de garantizar citas médicas oportunas, entrega de medicamentos y atención especializada ante el aumento significativo de afiliados.
El decreto, expedido por el Ministerio de Salud, incluye medidas de reorganización territorial que permiten trasladar usuarios entre EPS, incluso hacia entidades que actualmente enfrentan dificultades financieras y operativas.
Nuevas reglas para operar en los departamentos
La norma establece condiciones más estrictas para que las EPS puedan funcionar en cada territorio. Las entidades con menos de un millón de afiliados mantendrán su estado actual. Sin embargo, si en un departamento no alcanzan el 3% del total de afiliados —entre régimen contributivo y subsidiado— no podrán seguir operando allí.
Además, se fijaron porcentajes mínimos de participación según el tamaño de la población:
En departamentos con más de dos millones de habitantes, solo podrán operar EPS con al menos el 5% de los afiliados en ese territorio.
En departamentos con población superior a 390.000 habitantes, el mínimo será del 10%.
En aquellos con entre 100.000 y 390.000 habitantes, la participación exigida será del 15%.
Con estas reglas, el Gobierno limita en la práctica el número de EPS que podrán operar en cada departamento, lo que provocará el traslado de usuarios desde entidades con menor cobertura hacia aseguradoras más grandes como la Nueva EPS y Savia Salud.
Tratamiento especial y defensa del Gobierno
El decreto contempla un manejo especial para pacientes de alto costo y mujeres gestantes. Además, establece que después de 60 días los afiliados podrán ejercer su derecho al traslado libre entre EPS.
El presidente Gustavo Petro defendió la decisión a través de su cuenta en X, asegurando que es “claro y racional” evitar la dispersión de afiliados en regiones con baja densidad poblacional, ya que —según explicó— esto eleva los costos tanto para las EPS como para el Estado.
También cuestionó los traslados de pacientes a otras ciudades cuando existen IPS cercanas que no han sido contratadas.
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