La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una histórica ley de amnistía para presos políticos, que podría liberar a cientos de personas encarceladas por motivos políticos tras décadas de crisis en el país.
Impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el poder después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos en enero, la norma fue aprobada en segunda discusión tras intensos debates parlamentarios.
La medida fue firmada de inmediato en el Palacio de Miraflores.
Rodríguez aseguró que la ley es un paso hacia “paz, convivencia y encuentro”, llamando al perdón y la reconciliación nacional. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, subrayó que la ley busca restañar las heridas de la violencia política sufrida en los últimos años.
La amnistía abarca hechos ocurridos entre 2002 y 2025, como protestas antigubernamentales y crisis políticas, y excluye delitos graves como violaciones a derechos humanos, homicidio, narcotráfico y corrupción.
También deja fuera de su alcance a quienes promovieron acciones armadas contra el Estado, una cláusula que ha generado críticas de sectores opositores y organizaciones civiles por limitar su alcance real.
Una de las controversias clave fue si la norma permitiría que activistas y opositores en el exilio, como líderes políticos relevantes, puedan acogerse a la amnistía.
Finalmente se acordó que quienes estén fuera del país podrán “ponerse a derecho” a través de abogados, sin necesidad de regresar.
A pesar de las liberaciones que ya se han producido —más de 400 según organizaciones como Foro Penal—, quedan cientos de presos políticos en cárceles venezolanas, y familiares han criticado la lentitud de las excarcelaciones y las restricciones incluidas en la nueva ley.
La aprobación también ha tenido repercusiones internacionales: autoridades de España anunciaron que solicitarán a la Unión Europea levantar sanciones contra Delcy Rodríguez como gesto hacia un proceso de transición democrática.
La ley entra ahora en una fase de implementación, con una comisión especial encargada de asegurar su cumplimiento, y abre un nuevo capítulo en la compleja búsqueda de justicia y paz en Venezuela tras años de polarización política.
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