La Unidad Nacional de Protección (UNP) comenzó a notificar la finalización de los esquemas de seguridad asignados a varios exfuncionarios de la administración de Gustavo Petro y a sus allegados.
La medida cobija a exministros, exdirectores de entidades públicas y a reconocidos activistas y aliados políticos del petrismo que contaban con protección especial.
#Política | El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que se han “acotado”, mas no eliminado, los esquemas de protección de los exministros del Gobierno de Gustavo Petro.
“No puede ser que exministros de hace ocho años o más de 10 años tengan camionetas blindadas y… pic.twitter.com/bErWRJgNla
— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) September 22, 2026
También pueden leer: Los cinco signos del Zodiaco con mayor poder natural y cuáles son los más temperamentales
– Exministros de Gabinete: Armando Benedetti (Interior), Germán Ávila (Hacienda), Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), Antonio Sanguino (Trabajo), Rosa Yolanda Villavicencio (Cancillería), Yesenia Olaya (Ciencia), Diana Morales (Comercio), Edwin Palma (Minas), Yeimi Carina Murcia (TIC), Luis Alfredo Acosta Zapata (Igualdad) y el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo.
– Exdirectores de entidades y altos cargos: Otty Patiño (ex alto comisionado para la Paz), Jorge Lemus (exdirector del DNI), Carlos Carrillo (exdirector de la UNGRD), Jaime Dussán (expresidente de Colpensiones), Daniel Quintero (exsuperintendente de Salud) y Ángela María Robledo (expresidenta de la junta de Ecopetrol).
– Familiares y activistas: Pilar Rueda (funcionaria de la JEP y esposa de Iván Cepeda), Mayerly Alejandra Legarda Quilcué (hija de Aida Quilcué) y el activista Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife.
Esta decisión se suma a decisiones previas en las que la institución suspendió esquemas de protección a figuras del entorno digital y político afines al gobierno, entre los que figuran los creadores de contenido Beto Coral y Levy Rincón, así como Gabriela Muñoz y Juliana Guerrero.
Alerta por cifras de inseguridad y recurso de apelación
La medida se da en un contexto de permanente riesgo para los esquemas del Estado. Cifras oficiales de la UNP revelan que entre agosto de 2022 y junio de 2026 se registraron 313 incidentes de seguridad contra personas bajo la protección de la entidad en el país, de los cuales 276 correspondieron a atentados directos.
Los exfuncionarios afectados cuentan con un plazo de diez días hábiles para interponer un recurso de apelación contra la resolución administrativa.
El exdirector de Inteligencia, Jorge Lemus, ya anunció que hará uso de este recurso legal para solicitar la revisión de la decisión y mantener su esquema de seguridad.
