El impuesto al patrimonio creado por el Gobierno nacional mediante el Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026 enfrenta su primer gran desafío ante la Corte Constitucional.
La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) solicitó al alto tribunal declarar inconstitucional esta medida fiscal expedida en el marco de la emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según reveló el diario El Tiempo, la petición llegó el pasado viernes 13 de marzo y fue dirigida a la magistrada Lina Marcela Escobar.
En el documento, Ascún argumenta que el decreto vulnera principios constitucionales como la equidad tributaria y la capacidad contributiva.
De acuerdo con la asociación, incluir a las universidades privadas dentro del impuesto no fue suficientemente justificado por el Gobierno y podría afectar su funcionamiento. “La imposición de este tributo constituye una interferencia directa en su autonomía financiera”, señala el documento conocido por el medio.
Ascún estima que el impacto del gravamen para las instituciones de educación superior sería cercano a 135 mil millones de pesos.
Cómo funciona el impuesto
El Decreto 0173 creó un impuesto temporal al patrimonio que se aplicará únicamente durante 2026 a personas jurídicas y sociedades con mayor capacidad económica.
La medida cobija a empresas que declaran renta y cuyo patrimonio líquido sea igual o superior a 200.000 UVT al 1 de marzo de 2026.
El decreto excluye, entre otros, a entidades del sector salud intervenidas por el Estado y a empresas de servicios públicos ubicadas en municipios afectados por la emergencia invernal.
La tarifa general del impuesto es del 0,5 %, mientras que para los sectores financiero y extractivo se fijó una tarifa diferencial del 1,6 %.
El pago deberá realizarse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en dos cuotas iguales: la primera en abril de 2026 y la segunda en mayo del mismo año. Además, el decreto advierte sanciones para quienes intenten reducir artificialmente su patrimonio mediante maniobras contables.
Con la solicitud presentada por Ascún, ahora será la Corte Constitucional la que deberá decidir si el impuesto se mantiene o si, por el contrario, queda sin efectos.
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— http://www.elmetro.co (@ElmetroCo) March 16, 2026
