Un nuevo informe de ONU Derechos Humanos alertó que la violencia contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia continúa siendo una crisis estructural, pese a algunos avances institucionales recientes.
El documento, que analiza el periodo entre 2022 y 2025, confirma que el país sigue entre los más peligrosos del mundo para ejercer esta labor.
En ese lapso se documentaron 410 homicidios de líderes sociales, cifra que se suma a los 972 asesinatos registrados entre 2016 y 2025.
Los casos se concentraron en 28 departamentos y 184 municipios, especialmente en regiones como Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Arauca y Putumayo.
Las víctimas, en su mayoría, pertenecían a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y organizaciones sociales.
#JUSTICIA| Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los líderes sociales. Así lo afirma la ONU Derechos Humanos en un nuevo informe temático sobre la situación de personas defensoras en Colombia.
Según el informe, entre el 1 de enero de 2022 y el 31… pic.twitter.com/EfCSl4ITpJ
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 19, 2026
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El informe señala que el 73% de los crímenes estaría vinculado a actores armados ilegales, mientras que un 8% correspondería a organizaciones criminales.
Entre las principales causas se destacan la persistencia del conflicto armado, la disputa por economías ilícitas, la débil presencia estatal y altos niveles de impunidad.
Aunque se reconoce que el actual Gobierno ha priorizado el tema y promovido el diálogo con organizaciones sociales, la ONU advierte que no se han logrado cambios de fondo.
Persisten fallas en la coordinación institucional y limitaciones en la capacidad de respuesta a nivel local.
El organismo también cuestiona el modelo actual de protección, basado en esquemas individuales, al considerarlo insuficiente. En su lugar, propone un enfoque preventivo y colectivo con énfasis territorial y diferencial.
Finalmente, el informe plantea recomendaciones urgentes, entre ellas adoptar una política nacional de garantías, fortalecer la lucha contra la impunidad y exigir a los grupos armados el cese de la violencia contra la población civil.
