El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó que el traslado de nueve cabecillas de estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá a la Plazoleta de la Alpujarra, durante un evento público liderado por el presidente Gustavo Petro el pasado 21 de junio, se realizó por orden directa del Gobierno Nacional como parte de su estrategia de paz urbana.
La respuesta oficial del INPEC fue entregada al abogado Jaime Andrés Úsuga Marín, representante de la firma Asociados Law Firm, quien había radicado un derecho de petición solicitando explicaciones sobre la presencia de reconocidos líderes delincuenciales en un acto presidencial.
Según el documento emitido por la entidad, el director del INPEC, Daniel Gutiérrez, acató “directrices expresas del presidente Gustavo Petro”, basadas en resoluciones oficiales y en coordinación con otras dependencias del Gobierno.
Entre ellas, figura la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien habría gestionado el encuentro entre los cabecillas y delegados del Ejecutivo, como parte del proceso de acercamiento con organizaciones criminales para su desmovilización y sometimiento a la justicia.
El INPEC señaló que la solicitud de traslado fue enviada desde un correo oficial de la Presidencia de la República, dos días antes del evento, e incluía el listado de las personas privadas de la libertad (PPL) que debían ser movilizadas.
En el comunicado se reitera que la orden provenía de la “suprema autoridad administrativa del país”, facultada para designar interlocutores en procesos de paz.
Los internos fueron identificados como Juan Carlos Meza Vallejo, Jesús Vallejo Alarcón, Freyner Alonso Ramírez, Óscar Fernando Salazar, Juan Fernando Álvarez, Elder Darbey Zapata, José Leonardo Muñoz, Dayron Alberto Muñoz y Walter Alonso Román.
Todos ellos fueron trasladados el 21 de junio, a las 12:35 p.m., desde la cárcel La Paz, en Itagüí, hasta el lugar del evento, donde permanecieron bajo estrictas medidas de seguridad y ubicados en una carpa cercana a la tarima presidencial.
La legalidad del procedimiento se ampara en las resoluciones presidenciales 139 del 29 de mayo de 2023 y 094 del 8 de abril de 2025, que permiten la designación de voceros de estructuras armadas organizadas para el diálogo con el Estado.
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