El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha ordenado la suspensión del trámite de la resolución emitida por el Ministerio de Ambiente que establecía lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá.
Esta decisión fue adoptada por la magistrada Nelly Villamizar, en respuesta a una solicitud presentada por la Empresa de Acueducto de Bogotá, que argumentó la falta de participación de entidades clave en el proceso.
La suspensión obliga al Ministerio de Ambiente a reiniciar el trámite, esta vez incluyendo en la discusión a la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.
Controversia y preocupación
Desde su presentación, la resolución ha generado inquietud en distintos sectores. Tanto el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, como el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, advirtieron que la medida podría afectar el desarrollo urbanístico y económico de la región.
Galán expresó que el documento contemplaba la declaración de 138 barrios como humedales, lo que impactaría proyectos estratégicos de infraestructura, como la vía Suba-Cota, el patio-taller de la Línea 1 del Metro, el patio-taller de la Línea 2 del Metro, la Línea 3 del Metro y la ampliación de la Autopista Norte.
Durante la audiencia celebrada el pasado viernes, en la que participaron el Alcalde, el Gobernador y la ministra de Ambiente, Lena Estrada, se analizaron los efectos de la resolución.
La magistrada Villamizar enfatizó que la suspensión es provisional y se mantendrá hasta que las entidades afectadas puedan revisar los documentos y pruebas técnicas que sustentan la resolución.
Objetivos ambientales vs. Desarrollo urbano
La propuesta del Ministerio de Ambiente, impulsada inicialmente por la exministra Susana Muhamad, tenía como objetivo delimitar cinco zonas de especial importancia ambiental en la Sabana de Bogotá, incluyendo áreas de recarga de acuíferos, bosques naturales andinos, bosques secos subxerofíticos, humedales y zonas de amenazas naturales.
En total, 581.000 hectáreas estarían sujetas a estas medidas de protección, lo que impondría nuevas restricciones ambientales a proyectos urbanísticos, mineros y agrícolas.
El proceso de formulación de esta resolución se convirtió en un punto de tensión entre el Gobierno Nacional y el Distrito.
Mientras el Ministerio de Ambiente defiende la iniciativa como una estrategia para garantizar la sostenibilidad ambiental de la Sabana, las autoridades locales argumentan que no se han tenido en cuenta las necesidades de desarrollo urbano y movilidad de la región.
La decisión del Tribunal abre un nuevo escenario de discusión sobre el futuro de la planificación territorial en la Sabana de Bogotá.
Por ahora, el Ministerio de Ambiente deberá reiniciar el proceso, asegurando la participación de las entidades locales para definir una estrategia que equilibre la protección ambiental con el desarrollo urbano en la ciudad.
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