La Fiscalía General de la Nación ha revelado detalles alarmantes sobre la magnitud y los alcances de una presunta organización criminal que habría desfalcaldo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En una audiencia celebrada ante el Juez 35 con Función de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía sustentó la urgencia de imponer una medida privativa de la libertad en un centro de reclusión contra los tres primeros implicados en este caso.
Los implicados son el exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez; el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez; y el contratista Luis Eduardo López Rosero.
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, responsable de la petición, presentó pruebas que sustentan la necesidad de la medida de aseguramiento.
«La solicitud no se basa en simples sospechas carentes de respaldo. Por el contrario, existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de la razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada», señaló la fiscal del caso.
La Fiscalía General de la Nación reveló la magnitud del impacto del entramado de corrupción que se apropió de multimillonarios dineros públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al solicitar medida de aseguramiento medida privativa de la libertad en… pic.twitter.com/y9ONquHmO9
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 7, 2024
Durante la audiencia, el grupo de fiscales a cargo de la investigación presentó elementos probatorios que demuestran la participación de los imputados en la presunta trama delictiva.
Los cargos incluyen concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
«En lo relativo al elemento subjetivo dolo de las conductas punibles endilgadas a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, se tiene que dichos ciudadanos conocían que estaban conectándose, a través de una clara división de roles y funciones para cometer delitos contra la administración pública», afirmó la Fiscalía. Los fiscales enfatizaron que los acusados estaban plenamente conscientes del comportamiento exigible en la gestión de recursos públicos y contratación estatal, especialmente en proyectos dirigidos a la protección de poblaciones vulnerables.
La Fiscalía también resaltó la necesidad de imponer la medida de aseguramiento incluso en caso de que se considere la aplicación de un principio de oportunidad o un preacuerdo.
«Ante el supuesto de no concederse el principio de oportunidad, o de no lograrse un preacuerdo, los procesados, al verse compelidos a afrontar plenamente su responsabilidad en los delitos imputados y las elevadas penas que para los mismos se consagran, podrían intentar destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar la evidencia física o los elementos materiales probatorios», argumentó la Fiscalía.
La investigación, en su primera fase, ha revelado cómo la presunta organización criminal se habría apoderado de contratos de la UNGRD, direccionándolos a contratistas específicos que, a cambio, ofrecían millonarias coimas. Los judicializados López Martínez y Pinilla Álvarez presuntamente direccionaron 21 órdenes de contratación por un valor de 228.884 millones de pesos.
Los contratos amañados se habrían ejecutado en tres grandes eventos. El primero involucra un acuerdo entre los exfuncionarios y el contratista López Rosero para la adjudicación de seis contratos, incluyendo uno firmado el 12 de octubre de 2023 para la compra de 40 carrotanques, con un valor de 46.800 millones de pesos, destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas vulnerables en la Alta Guajira. Este contrato habría resultado en un desfalco de 14.163 millones de pesos.
El segundo evento involucra la entrega de contratos a amigos de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por un valor de 24.238 millones de pesos, suscritos entre el 5 y el 23 de febrero de 2024. En un tercer evento, 100 mil millones de pesos transferidos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la UNGRD habrían sido utilizados para la ejecución de siete contratos adicionales.
Mientras continúan avanzando esta y otras líneas de investigación dirigidas a desarticular la organización criminal que presuntamente se apoderó de la contratación en la UNGRD, el Juzgado 35 con Función de Control de Garantías de Bogotá deberá tomar una decisión respecto a la medida de aseguramiento solicitada contra López Martínez, Pinilla Álvarez y López Rosero.
La audiencia, iniciada el pasado miércoles 7 de agosto, fue suspendida y continuará el próximo sábado 31 de agosto.
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