En el Congreso de la República fracasó el intento de pasar de agache y en una ley anticorrupción, un polémico artículo relacionado con los delitos de injuria y calumnia y que era un atentado directo contra la libertad de prensa.
Cabe recordar que el artículo 68, o de “Injuria y calumnia contra funcionarios públicos”, había tenido luz verde en la plenaria, con una votación de 73 votos por el no sobre 51 votos por el sí.
Los autores de esta propuesta eran los senadores Efraín Cepeda, Mauricio Gómez Amín, Ana María Castañeda, Guillermo García Realpe, Fabián Castillo, Miriam Paredes, quienes votaron por el “no” en Plenaria.
Al detalle, al artículo 68 se le añadió el 221a titulado de “Injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos”, según el cual “el que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.
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Tal fue la presión en contra de ese “mico”, que hasta el presidente Iván Duque se vio forzado a salir a rechazarlo de forma tácita, indicando que cualquier riesgo de vulneración sobre la prensa debería ser objetado.
Finalmente, en la noche de este martes 14 de diciembre se radicó el texto para la conciliación entre Cámara y Senado y, de forma textual, se lee sobre este polémico artículo: “No hay acuerdo entre los conciliadores”.

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