La eventual declaratoria de una emergencia económica por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro sigue encendiendo el debate político y económico en el país. Congresistas de la oposición y gremios empresariales han pedido a la Corte Constitucional que frene la iniciativa, al advertir efectos negativos para la economía y el bolsillo de los colombianos.
El anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el borrador del decreto conocido recientemente provocaron tal revuelo que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez evalúa convocar una sesión extraordinaria de la Corte Constitucional para analizar si la medida tiene sustento jurídico.
La confirmación de la emergencia en plena vacancia judicial también fue duramente cuestionada por la oposición.
“La emergencia económica no puede ser un atajo para corregir errores de gestión”, afirmó la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde.
En la misma línea, María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, criticó el gasto del Gobierno en embajadas y viajes diplomáticos y sostuvo que la medida solo buscaría “exprimir aún más el bolsillo de los colombianos”.
Desde el Congreso, el presidente del Senado, Lidio García, expresó que «Como Presidente del Congreso, rechazo cualquier intento del Gobierno de declarar emergencia económica solo porque este Congreso, en uso de su autonomía, no aprueba nuevos impuestos para cubrir déficits presupuestales.
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Y añadió García: «El art. 215 de la Constitución es claro: solo procede ante hechos extraordinarios que perturben grave e inminentemente el orden económico y social, o grave calamidad pública. Nuestra decisión soberana no es un “hecho extraordinario”; es legítimo control político.»
Como Presidente del Congreso, rechazo cualquier intento del Gobierno de declarar emergencia económica solo porque este Congreso, en uso de su autonomía, no aprueba nuevos impuestos para cubrir déficits presupuestales.
El art. 215 de la Constitución es claro: solo procede ante…
— Lidio Garcia Turbay (@Lidiosenado) December 20, 2025
Los gremios, por su parte, solicitaron al alto tribunal suspender el decreto una vez sea expedido, ante la posibilidad de alzas como el aumento del 4×1.000 y mayores impuestos a licores y cigarrillos.
