El sistema de salud colombiano enfrenta una de sus coyunturas más críticas en décadas. Las Empresas Promotoras de Salud (EPS), eje del modelo de aseguramiento en salud en el país, atraviesan un deterioro financiero sin precedentes que amenaza con su desaparición.
La situación ha encendido las alarmas en el Ministerio de Salud, desde donde se advierte que varias EPS, actualmente bajo intervención, podrían ser liquidadas en el transcurso de este año.
Las EPS han sido durante años el puente entre los ciudadanos y los servicios médicos que prestan clínicas, hospitales y centros de salud.
Son responsables de afiliar a los usuarios, recaudar las cotizaciones mensuales y garantizar el acceso a los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Su eventual salida del sistema pondría en riesgo la atención de millones de colombianos.
Ocho EPS en alto riesgo
Durante 2024, la Superintendencia Nacional de Salud intervino varias EPS tras detectar graves problemas de gestión y sostenibilidad financiera.
El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha señalado que si estas entidades no logran una recuperación contundente, enfrentarán procesos de liquidación definitiva en 2025.
Las EPS en mayor riesgo son:
1. Emssanar
2. Nueva EPS
3. Coosalud
4. Sanitas
5. SOS – Servicio Occidental de Salud
6. Famisanar
7. Savia Salud
8. Asmet Salud
En conjunto, estas entidades acumulan deudas multimillonarias con clínicas y hospitales del país.
Solo en 2023, las EPS intervenidas registraron pérdidas por más de 9,6 billones de pesos, de las cuales se estima que el 70 % corresponde a las mencionadas anteriormente.
Este desbalance ha afectado la operación de cientos de prestadores de servicios médicos, que denuncian retrasos prolongados en los pagos por atención ya prestada.
Uno de los casos más delicados es el de Nueva EPS, que con más de 10 millones de afiliados es la entidad más grande del país.
Su contabilidad sigue en proceso de depuración y mantiene deudas que superan los 5 billones de pesos, lo que ha encendido las alertas tanto en el sector público como privado.
¿Y los usuarios?
La posible liquidación de estas EPS implica un desafío logístico y social de gran magnitud.
El Gobierno deberá garantizar la reubicación de millones de usuarios en otras entidades, un proceso que, según analistas del sector, podría generar demoras en la atención, interrupciones en tratamientos continuos y una mayor sobrecarga en las EPS receptoras.
Además, en regiones con cobertura limitada, la salida de una EPS podría dejar sin alternativas viables a miles de personas, particularmente en zonas rurales o de difícil acceso.
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