Más de 31 billones de pesos fueron comprometidos por el Gobierno Petro, mediante contratos directos con organizaciones sociales bajo la figura de las Asociaciones Público-Populares, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo de 2023.
Así lo revela un informe de El Tiempo, el cual encendió la polémica sobre la contratación pública durante el primer gobierno de izquierda en Colombia.
Cabe recordar que esta modalidad fue posteriormente declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, al considerar que permitía contratar “a dedo” sin reglas claras y afectaba principios como la transparencia y la libre competencia.
Más de 80 mil contratos
La información, obtenida vía derecho de petición a Colombia Compra Eficiente, señala que se firmaron 80.734 contratos con juntas de acción comunal, cabildos, resguardos indígenas y otras organizaciones comunitarias, muchas de ellas señaladas como bases sociales del oficialismo.
Del total de recursos, la mayor parte se concentró en asociaciones comunales, con más de 25 billones de pesos en contratos. Sin embargo, apenas una fracción de estos aparece como terminada, mientras la mayoría sigue en ejecución o con modificaciones.
Obras que no despegan
Los cuestionamientos no solo apuntan a la legalidad del modelo, sino también a su efectividad.
La Contraloría General de la República ha advertido sobre deficiencias en la ejecución. Un ejemplo es el programa de vías rurales: de los 33.000 kilómetros prometidos, solo se habrían construido cerca del 7 %.
Críticas al modelo
Desde el sector privado, la Cámara Colombiana de Infraestructura alertó desde 2023 que este esquema podría concentrar obras en manos sin experiencia técnica, afectando la calidad de los proyectos y la competencia.
Además, se advirtió sobre riesgos de corrupción y adjudicaciones sin estudios suficientes, lo que podría derivar en obras inconclusas.
Defensa institucional
Pese a las críticas, la Procuraduría General de la Nación defendió el modelo en su momento.
El procurador Gregorio Eljach consideró que flexibilizar la contratación para fortalecer la economía popular era una medida “razonable y proporcional”.
Sin embargo, el fallo de la Corte terminó por tumbar los artículos clave del Plan Nacional de Desarrollo, dejando en entredicho una de las apuestas del Gobierno en materia de contratación social.
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🔴 Primicia: gobierno de Gustavo Petro destinó $31 billones de pesos a contratos directos con asociaciones populares.
🚨 Un derecho de petición contestado por Colombia Compra Eficiente a EL TIEMPO reveló esta cifra, así como los rezagos en la terminación de los compromisos. Los… pic.twitter.com/pHXp4UfrNr
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 26, 2026
