La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Irene Vélez, quien para la época se desempeñaba como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por presuntas fallas en el control del proyecto hidroeléctrico Urrá.
El proceso también vincula a otros seis funcionarios y exfuncionarios de entidades como la ANLA, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge y la empresa URRÁ S.A. E.S.P..
La indagación busca establecer posibles irregularidades en la atención de la emergencia por inundaciones en la cuenca del río Sinú.
Según el ente de control, la situación no habría sido imprevista. Por el contrario, los riesgos ya estaban identificados, lo que pone en duda la toma oportuna de decisiones y el manejo adecuado del embalse.
También se investiga si se priorizó la generación de energía por encima de la prevención de inundaciones.
Entre los puntos críticos están el nivel del embalse, el posible paso de agua por encima de los límites permitidos y fallas en los planes de emergencia y sistemas de alerta temprana.
La Procuraduría también revisa el papel de las entidades de vigilancia. En el caso de la ANLA, se analiza un posible retraso en el seguimiento ambiental; mientras que a la Superintendencia se le cuestiona si actuó con la debida rapidez pese a tener información previa.
El organismo busca determinar si hubo faltas disciplinarias y establecer responsabilidades, sin descartar que la investigación se extienda a otros actores vinculados al proyecto.
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