El Consejo de Estado recibió una demanda contra el decreto del Gobierno Nacional que aplaza millonarios recursos destinados a importantes proyectos y entidades en 2025, financiados por el Presupuesto General de la Nación.
El abogado constitucionalista Germán Calderón España presentó la demanda argumentando que el decreto carece de fundamentos suficientes para justificar el congelamiento de recursos.
Según Calderón, esta medida afecta proyectos clave como la construcción del metro de Bogotá y el túnel del Toyo en Antioquia, iniciativas cruciales para el desarrollo del país.
El abogado también destacó el impacto en el Consejo Nacional Electoral (CNE), señalando que el recorte vulnera su autonomía y pone en riesgo los derechos políticos de los ciudadanos, garantizados en el artículo 40 de la Constitución.
En su solicitud, pidió la suspensión inmediata del decreto por la falta de justificación clara, especialmente en el contexto del calendario electoral.
El decreto afecta varios ministerios, incluyendo Igualdad ($669.000 millones), Vivienda ($313.000 millones), Interior ($324.000 millones), Salud ($211.000 millones), y Agricultura ($108.000 millones). También se aplazaron $167.000 millones destinados al Congreso.
Entre los proyectos más sensibles, se encuentra el tramo 1 de la primera línea del metro de Bogotá, con un aplazamiento de $5.304 millones.
La demanda marca el inicio de un debate jurídico y político sobre el alcance y la justificación de las decisiones presupuestales del Gobierno.
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