El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este martes, 8 de octubre, la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, que acusa a la campaña presidencial de Gustavo Petro de haber sobrepasado los límites de gastos permitidos por la ley en más de 5.300 millones de pesos (aproximadamente US$1,27 millones).
Además, se señala que la campaña recibió aportes de personas jurídicas, lo cual está prohibido por la normativa electoral colombiana.
Esta decisión implica que el presidente Petro podrá ser investigado y juzgado en calidad de candidato presidencial por las irregularidades financieras en la campaña «Gustavo Petro Presidente 2022-2026».
César Augusto Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral (@CNE_COLOMBIA) anunció la decisión de la sala plena de abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta representada por @petrogustavo, @ricroabar, Lucy Aydee Mogollón,… pic.twitter.com/2ny2PkUGe6
— Kienyke (@kienyke) October 8, 2024
Junto a Petro, también han sido señalados Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y gerente de su campaña en 2022; Lucy Aidee Mogollón Alfonso, en calidad de tesorera; y los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez. Asimismo, los partidos Movimiento Político Colombia Humana y Unión Patriótica están bajo investigación.
La noticia ha generado una respuesta contundente del presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de Instagram publicó un mensaje en el que acusa al CNE de actuar fuera de sus competencias.
«El CNE nunca puede, ni tiene la facultad para investigar al Presidente de la República. Este es el inicio del Golpe de Estado», escribió el mandatario. Petro añadió que se ha «violado el fuero integral presidencial y roto el Estado de derecho», acusando a las autoridades de atentar contra la voluntad popular expresada en las urnas.
Estas declaraciones se alinean con recientes discursos del presidente, en los que ha criticado las investigaciones en su contra, afirmando que vulneran los derechos de los millones de votantes que lo eligieron como mandatario.
