La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra los exdirectores de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López y Eduardo José González, por presuntas irregularidades en la ejecución de varias obras para la reconstrucción de Mocóa, capital del Putumayo.
La inversión supera los $185 mil millones provenientes del sistema general de regalías.
Otros funcionarios vinculados son Gerardo Jaramillo, secretario general de la UNGRD, Rocío Rivera, vicepresidenta jurídica de Fiduprevisora, Luis Alexander Mejía y Rosa Edilma Agreda, directivos de Corpoamazonía, además Diego Fajardo, Jámirsón Cuellar, Héctor Adrada y Jairo Granados, representantes legales de cuatro entidades interventoras de las obras.
De acuerdo con el seguimiento realizado por el Ministerio Público a este paquete de 18 contratos, que hace parte del Plan de Acción Específico presentado por la alcaldía de Mocóa en el marco de un decreto de calamidad pública expedido en 2021, con el fin de acelerar las obras de mitigación del riesgo y evitar una nueva tragedia, se detectaron presuntos retrasos en ejecución, contratación de personal para ejercer la supervisión, y afectaciones en la ejecución de recursos.
En la etapa de preinversión, por ejemplo, se detectaron presuntas deficiencias en estudios, diseños y presupuestos en cuatro de las 18 obras. Posteriormente, durante la ejecución, se hallaron posibles irregularidades técnicas que no fueron consideradas y habrían puesto en riesgo la infraestructura existente, también construcciones en ejes ambientales sin los respectivos permisos y trámites ambientales hechos fuera de tiempo.
Otra presunta irregularidad que llamó atención, fue la destinación de recursos para 86 actividades no relacionadas con uno de los proyectos de construcción, como un viaje a San Andrés y Providencia por ocho días para hacer seguimiento a las actividades desarrolladas en el marco de la emergencia por el paso del huracán Iota y una supuesta asesoría para apoyo en temas ambientales relacionados con la reconstrucción de Mocoa.
Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría están, copia de los 17 contratos de obra e interventoría suscritos por la UNGRD, además de los dos contratos firmados para el viaje a San Andrés y la asesoría en temas ambientales y de vivienda, con sus respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal y soportes de su ejecución. También una certificación actualizada sobre el avance real de las diferentes obras contratadas para reducir y mitigar el riesgo en Mocóa.
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