La esencia de la crisis que Colombia pasa no va más allá de una verdad de puño: o paga o pierde. Como todo se volvió un contrato y todo contrato es una puerta abierta a la corrupción, si se quiere que lo adjudiquen o que se pueda llevar a cabo o que los interventores o los encargados de la hipócrita vigilancia de su cumplimiento no estorben, hay que pagar.
La tragedia anímica, y económica que soportan en la costa Pacífica, desde Tumaco hasta Juradó, es esa. Por todo hay que pagar. Todo lo que sale de los embarcaderos en el puente del Piñal o en los muelles de cabotaje y hacia los municipios costeros le deben pagar impuesto a las bandas.
No lo invento yo, lo denunció a grandes titulares el diario El País de Cali en un desgarrador informe sobre el flagelo de la extorsión en el Pacífico. En Buenaventura el pago debe hacerse a los Shotas o los Espartanos. Pero en los puertos, grandes o pequeños donde llega o sale la mercancia, también hay que pagarle o a los Elenos o a los del Clan para poderla recibir o despacharla o ser autorizada a distribuirla en tiendas y almacenes.
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En la cordillera occidental, desde Timba, en limites del Valle con el Cauca, hasta Buriticá en las bocas de la mina de oro más grande del país, en Antioquia, los tradicionales agricultores y campesinos tienen que pagar la vacuna a la hora de trastear los productos al camión o a la chiva para llevarlos a los mercados naturales.
No hay escapatoria, salvo que hagan lo que muchos han adoptado en su desespero, es decir, dejan de cultivar la tierra y obligan a que cada vez más comida se traiga del extranjero, pagando a los contrabandistas en las fronteras o en los sitios de cargue o descargue.
No es exageración ni pesimismo marxista, como el que parece que Petro fue a vomitar en el Bosque de Boloña en Paris, al lado de los chirretes sahumeadores, y que fue tema de su última alocución. Es la dura realidad: o paga o pierde.
