El presidente Gustavo Petro firmó la ley que redefine los parámetros legales para la publicación de encuestas electorales en Colombia, una medida que ya despierta críticas en diversos sectores políticos y académicos.
La nueva normativa, compuesta por 16 artículos, introduce restricciones inéditas sobre el momento en que pueden realizarse y divulgarse encuestas de intención de voto para cargos uninominales, es decir, aquellos en los que se elige a un solo representante, como la presidencia, las gobernaciones y las alcaldías.
Según la ley, este tipo de estudios de opinión solo podrán hacerse públicos en un lapso de tres meses antes del inicio del periodo oficial de inscripciones de candidaturas.
En el caso de las elecciones presidenciales de 2026, esa ventana de tiempo comenzará el 31 de octubre del año anterior.
“El propósito es garantizar mayor transparencia en la información que recibe la ciudadanía y evitar la manipulación de la opinión pública”, señaló un vocero de la Casa de Nariño, aunque la medida ha sido recibida con escepticismo por sectores que la consideran una forma de limitar el acceso a información clave para el debate democrático.
Uno de los artículos más polémicos de la nueva ley indica que “las encuestas que incluyan preguntas relacionadas con intención de voto solo podrán realizarse a partir de los tres meses anteriores al primer día de inscripciones.
Una vez haya finalizado el término para la inscripción a elecciones, las encuestas tendrán que incluir todos los candidatos inscritos para la contienda electoral”.
La normativa también contempla la creación de una Comisión Técnica de Vigilancia de Encuestas, compuesta por cinco miembros, cuya función será supervisar el cumplimiento de los lineamientos legales y éticos en la elaboración y difusión de estudios cuantitativos sobre intención de voto.
Además, la ley será aplicable a todas las personas jurídicas que realicen y divulguen este tipo de investigaciones.
Las consecuencias del incumplimiento podrán ir desde sanciones civiles hasta implicaciones penales, lo cual ha encendido las alarmas en gremios de encuestadores y medios de comunicación.
Diversos analistas han advertido que la ley podría afectar la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado, especialmente en etapas tempranas del calendario electoral.
No obstante, el Gobierno defiende la medida como un paso hacia una mayor “equidad informativa” y una contienda electoral menos influenciada por encuestas especulativas o malintencionadas.
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