«Muerte política»: la sanción que podría recibir David Racero

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La situación judicial del representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, se complica.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió formalmente investigación en su contra por dos procesos que lo tienen en la mira de las autoridades: presuntos cobros indebidos a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y el denominado “escándalo del Fruver”.

Según el despacho del magistrado César Augusto Reyes Medina, Racero deberá rendir indagatoria en los próximos días, dentro de una investigación que se adelanta por la presunta comisión del delito de concusión.

El alto tribunal busca establecer si el congresista exigió dineros a su equipo legislativo y si, además, impartió órdenes para que funcionarios de su UTL trabajaran en un supermercado de su propiedad en Bogotá como parte de sus funciones oficiales.

De manera paralela, el Consejo de Estado también avanza en un proceso que podría derivar en la pérdida de investidura de Racero.

La Sala de Decisión, con ponencia del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, decretó 11 pruebas que serán claves para determinar si el congresista incurrió en tráfico de influencias.

Entre los elementos incorporados se encuentran los audios revelados por el medio El Reporte Coronell, en los que se le escucha discutiendo la supuesta asignación de cargos en el SENA, así como documentación relacionada con contratos en esa entidad.

El expediente también incluye menciones al tío del congresista, José Mayorca, y al director del SENA en el Cesar, Jesús Alberto Namén, además de copias de seis contratos vinculados a los señalamientos.

Tras la valoración de las pruebas, el Consejo de Estado convocará a una audiencia pública en la que serán escuchadas tanto las partes demandantes como la defensa de Racero, paso previo al fallo definitivo.

Cabe señalar que el alto tribunal rechazó la solicitud del abogado denunciante, Samuel Ortiz Mancipe, quien pedía sancionar al congresista por no trasladar a la parte demandante su respuesta a los cargos en el proceso de pérdida de investidura.

Con estos dos frentes abiertos, Racero enfrenta no solo una investigación penal, sino también la posibilidad de una “muerte política”, en un momento en que el Pacto Histórico busca mantener cohesión y respaldo en el Congreso.

También pueden leer: ¿Cómo les parece? La Fiscalía tiene interceptados los teléfonos del Gobernador de Antioquia

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John Alexander Rodríguez
John Alexander Rodríguezhttp://elmetroco.wordpress.com
Comunicador Social - Periodista de la ciudad de Medellín con más de 20 años de experiencia. Amante de la buena música, deeejay los fines de semana y emprendedor.
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