La Alcaldía de Medellín ordenó la suspensión de dos construcciones que se adelantaban sin licencia urbanística en el corregimiento San Antonio de Prado, al encontrarse dentro de la franja de protección de la quebrada La Chorrera.
La medida hace parte de las acciones de inspección, vigilancia y control que desarrolla el Distrito para prevenir ocupaciones irregulares en áreas ambientales sensibles y disminuir los riesgos para las comunidades cercanas a fuentes hídricas.
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Durante una reciente intervención, las autoridades identificaron dos viviendas en proceso de construcción dentro del retiro obligatorio de 30 metros establecido para la quebrada. Como resultado, se ordenó el cese inmediato de las actividades. En uno de los casos, además, se evidenció el incumplimiento de una medida de suspensión previamente impuesta, ya que las obras continuaban pese a contar con el respectivo sello de cierre.
El sector intervenido hace parte de una zona donde el Distrito adelanta trabajos de mitigación orientados a reducir los riesgos asociados a las lluvias y al incremento del caudal de la fuente hídrica.
El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, señaló que la protección de la vida es el principal objetivo de las acciones de control urbanístico. Asimismo, insistió en la necesidad de verificar previamente las condiciones técnicas de los predios, la viabilidad del uso del suelo y las restricciones ambientales antes de iniciar cualquier proyecto constructivo.
Según la Administración Distrital, durante el actual gobierno se han recuperado 1.697 metros cuadrados de espacio público en San Antonio de Prado, además de ejecutar 120 remociones y realizar 229 recorridos de sensibilización para promover el cumplimiento de las normas urbanísticas.
En lo corrido de 2026, la Corregiduría de San Antonio de Prado ha ordenado 28 suspensiones de obra por presuntas infracciones urbanísticas. Estas actuaciones se sustentan en 35 informes técnicos elaborados por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, mediante los cuales se han identificado principalmente viviendas construidas sin los permisos requeridos.
Las autoridades recordaron que este tipo de infracciones puede dar lugar a procesos sancionatorios y multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Con estas acciones, el Distrito busca proteger las rondas hídricas, prevenir asentamientos en zonas de riesgo y garantizar un crecimiento urbano ordenado en el corregimiento. Además, reiteró el llamado a la ciudadanía para consultar las condiciones urbanísticas de los predios y verificar la viabilidad de los proyectos antes de realizar inversiones o iniciar obras.
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