El pasado sábado 21 de junio el Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, primera autoridad de la Nación, realizó un acto público en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal La Alpujarra, en pleno centro, donde se encuentran las instalaciones de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.
En dicho acto el Presidente, acompañado por integrantes de su gabinete ministerial, utilizó la plaza pública para reunirse con los cabecillas de las estructuras armadas ilegales que se encuentran recluidos en la cárcel de Itagüí, con víctimas del conflicto armado urbano y con la sociedad en general que respalda el Plan de Gobierno del Pacto Histórico.
No obstante, este evento público, abierto a la comunidad y en el que se tuvieron las condiciones de seguridad para los asistentes, fue utilizado por la oposición, en cabeza del Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y del Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para hacerlo ver como una afrenta a sus lineamientos políticos, una amenaza a su integridad y una situación de extremo peligro para la ciudadanía que acudió a esta cita; supuestamente por la presencia de los cabecillas de los grupos armados ilegales del área metropolitana en ese espacio.
Desde los medios de comunicación aliados y que actúan como cajas de resonancia de la oposición se les dio eco a las pataletas de dichos burgomaestres y de otros politiqueros que quisieron montar un show y casi vetar la presencia del Presidente Gustavo Petro en el ágora, como si La Alpujarra fuera propiedad del Centro Democrático. ¿Acaso Andrés Julián, Fico y sus partidos tienen escrituras de La Alpujarra para impedir o desdibujar actos públicos en ese lugar insigne de la ciudad?
Lo que se dio ese sábado 21 de junio de 2025 fue la ratificación del compromiso del Gobierno Nacional con el “Espacio de Conversación Sociojurídico de Construcción de Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá”, en el que “existe un marco jurídico para entablar conversaciones con Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto en nuestro país”, como lo manifestaron en un comunicado de prensa la Consejería Comisionada de Paz y la Delegación de Paz Urbana del Gobierno Nacional. Medellín y el Valle de Aburrá.
Como lo escribí hace algunos meses en otra columna, en palabras de Henry Holguín, de la Corporación Sinergia, “La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín han sido invitadas a participar de este proceso”, pero están obnubilados con hacer una oposición poco inteligente a cualquier iniciativa del Gobierno Nacional; lo cual es injustificable en el tema de la paz urbana, donde lo importante es una seguridad integral para los habitantes de la ciudad y el departamento.
De otro lado, para hacer ver este acto de intención de paz como una actividad ilegal, algunos voceros de la oposición ‒y vuelve y juega la mediocridad de los medios que solo actúan de ‘corre ve y diles’‒, se les ocurrió incriminar a la senadora Isabel Zuleta como la autora intelectual de sacar de manera ilegal a nueve cabecillas, como Douglas o Carlos Pesebre, de la cárcel de Itagüí; pero lo que no hicieron los trabajadores [el cargo de periodistas les queda grande] de Semana, El Colombiano, Infobae, El Espectador, entre otros canales, fue verificar que existe un marco jurídico para conversar con los líderes de las estructuras armadas ilegales, y que con base en ello la Senadora fue designada como Coordinadora del Gobierno Nacional en Espacio de Conversación.
Le puede interesar: ¡Con la Ruda en mano! Medellín se ilusiona con la séptima estrella
Ese marco jurídico lo explica el comunicado de la Consejería y de la Delegación donde exponen que:
1. La Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total del Congreso de la República que modifica y agrega disposiciones a la Ley 418 de 1997 —por la cual todos los gobiernos precedentes avanzaron en diálogos de paz con grupos armados organizados— incluye la posibilidad de adelantar conversaciones con Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto, a través de los representantes autorizados por el Presidente de la Republica y con el fin de adelantar la sujeción a un Estado de derecho, que para el presente caso han sido designados por medio de la Resoluciones 138 de 2023 y 452 de 2024.
2. En particular, el artículo 10 de la ley 418 de 1997 señala que le corresponde al Presidente de la Republica el direccionamiento de la política de paz, el cual está sujeto al marco legal ya existente.
3. La Honorable Corte Constitucional en su Sentencia C-525 de 2023, declaró ajustadas a la Constitución Política las facultades del Presidente de la República para adelantar conversaciones con estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto.
4. Que, mediante las resoluciones 139 del 29 de mayo de 2023 y 094 de 8 de abril de 2025, las personas privadas de la libertad que fueron trasladadas a la mencionada actividad fueron reconocidos por el Presidente de la República como voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto de Medellín y El Valle de Aburrá.
En ese sentido, el Presidente Petro, la Senadora Zuleta y los voceros de las estructuras pueden utilizar el ágora, en este caso La Alpujarra, para hablar abiertamente sobre los destinos del conflicto urbano que vive el Valle de Aburrá desde hace décadas, de frente a la comunidad, a las víctimas y al país; porque en ese lugar simbólico de Medellín es donde menos deben existir fronteras invisibles impuestas por los mandatarios de turno ni por un movimiento politiquero que se caracteriza más por un representativo común denominador de bandidos de cuello blanco que hacen más daños a la comunidad con sus actos de corrupción que las extorsiones de los combos.
