Las autoridades de la ciudad de Medellín imputaron a Raymond Arthur JR Cornish, un ciudadano de nacionalidad canadiense, por su presunta participación en el secuestro y tortura de una empleada doméstica en el barrio El Poblado.
Los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 2023, en un apartamento alquilado a través de la plataforma Airbnb.
Los hechos
Según la investigación, la víctima, una mujer de 42 años que trabajaba como empleada de servicios generales, fue retenida ilegalmente por el extranjero, quien la acusó de haber robado un anillo y una suma de dinero en efectivo.
Durante el incidente, Cornish presuntamente golpeó a la mujer, exigiendo información sobre los objetos supuestamente extraviados.
Además de las agresiones físicas, el canadiense le habría arrebatado el teléfono celular a la víctima.
Funcionarios del CTI lograron capturarlo posteriormente en un restaurante de la zona.
Lesiones y medidas legales
La empleada recibió una incapacidad médica de 15 días debido a las lesiones sufridas durante el ataque.
Por estos hechos, Cornish fue imputado con los delitos de secuestro simple agravado, tortura, hurto calificado y agravado. Aunque no aceptó los cargos, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Pruebas contundentes
Durante la audiencia, el fiscal del caso presentó un video que, según él, evidencia la fuerza utilizada por Cornish contra la víctima.
“En ese video, de tan pocos segundos, se logra ver la fuerza y, mire su señoría, nada más, el aspecto físico que tiene el señor Raymond en contra de una mujer,” argumentó el fiscal.
Además, la declaración de la víctima reveló detalles desgarradores del ataque. Según su relato, Cornish llegó acompañado al apartamento, la agarró del cuello y la tiró a una cama, golpeándola en la boca y el abdomen mientras la acusaba de haber tomado los objetos desaparecidos.
“Le metieron trapos en la boca para que no gritara y esto con la finalidad de que confesara. Ella gritaba y decía que tenía una cirugía torácica, pero aun así, estos ciudadanos decían que no les importaba y que ella tenía que morir,” detalló el fiscal ante el juez.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer por completo los hechos y garantizar justicia para la víctima.
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