A tan solo tres semanas de la tragedia que sacudió a la vereda Granizal, donde un deslizamiento de tierra sepultó decenas de viviendas y cobró la vida de 26 personas, nuevos hechos encienden las alarmas en este vulnerable sector del municipio de Bello.
Según denuncias confirmadas por la Alcaldía, personas no identificadas estarían ofreciendo terrenos en venta sobre la misma zona afectada por el deslizamiento, muchos de ellos dirigidos a las familias damnificadas que perdieron todo en la emergencia.
“Lo que ha dicho la Alcaldía de Bello es que allí, ilegales, le estarían ofreciendo predios pequeños a las personas que quedaron damnificadas luego de esta emergencia para que vuelvan a habitar la zona. Pero lo que no saben es que, además de que es ilegal, pues es un terreno inestable, porque la montaña sigue cediendo”, señaló una fuente de la administración municipal a noticias RCN.
La situación ha generado profunda preocupación entre las autoridades y la comunidad, no solo por tratarse de una actividad completamente fuera del marco legal, sino porque la zona permanece bajo riesgo inminente.
La montaña, según expertos, continúa presentando desplazamientos del terreno, lo que hace inviable cualquier tipo de asentamiento.
El secretario de Seguridad de Bello, José Rolando, fue enfático al advertir sobre el peligro de habitar nuevamente el lugar:
“Hacemos un llamado a toda nuestra comunidad a que se abstenga de comprar estos predios que se ubican en una zona no apta para construir y que aún continúa siendo inestable. Con nuestra fuerza pública, realizaremos acciones para el incremento de los patrullajes en el sector y así evitar que esta situación se siga presentando”.
Las autoridades locales reiteraron que la vereda Granizal fue declarada como zona no habitable tras el derrumbe, y que cualquier intento de reocupación pone en riesgo la vida de quienes regresen, además de revictimizar a las familias que ya lo perdieron todo.
Ante la gravedad de los hechos, la Alcaldía de Bello anunció el refuerzo de los controles y patrullajes en la zona con el fin de frenar la comercialización ilegal de predios y evitar una nueva tragedia.
También se evalúa la posibilidad de abrir investigaciones para dar con los responsables de esta actividad fraudulenta, que pone en jaque la seguridad y dignidad de los más afectados.
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