La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, por presuntas irregularidades en la firma de un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia, destinado a la fabricación de pasaportes.
Según informó el Ministerio Público, el convenio, suscrito el pasado 18 de julio, podría haber transgredido principios fundamentales de la contratación estatal, como los de planeación y economía, ya que no se habrían presentado los documentos ni estudios previos que justifiquen la legalidad y viabilidad de dicho acuerdo.
Además, la Procuraduría expresó dudas sobre la competencia de Villavicencio Mapy para suscribir el convenio, dado que se encuentra en calidad de encargada del despacho ministerial.
“De igual manera, el ente de control advierte que se desconoce el acto administrativo a través del cual se delegó en la secretaria general (e) del Ministerio de Relaciones Exteriores, la competencia para celebrar el convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional de Colombia», indicó la entidad.
La Sala Disciplinaria de Instrucción también inició investigaciones formales contra Alba Liliana León Herrera, gerente de la Imprenta Nacional, y contra Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, secretaria general encargada de la Cancillería, por posibles omisiones en la estructuración del nuevo esquema para el suministro de pasaportes.
“En este sentido, debido a las fallas en la planeación del nuevo esquema para el suministro de pasaportes, se observa una omisión al deber que le asiste a los funcionarios de cumplir con los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa», reiteró la Procuraduría.
Con estas actuaciones ya son cuatro los funcionarios investigados por el controvertido proceso de adjudicación de la elaboración de pasaportes.
Excancilleres también bajo la lupa
El órgano de control también investiga a los excancilleres Álvaro Leyva Durán y Luis Gilberto Murillo, así como a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, por supuestas falencias en la estructuración y ejecución del nuevo modelo de contratación.
En el caso de Murillo, la Procuraduría señaló que habría utilizado de manera inadecuada la figura de la urgencia manifiesta, declarada en septiembre de 2024, lo que permitió la continuidad de la empresa Thomas Greg and Sons en el proceso de elaboración de pasaportes, sin abrir un nuevo proceso competitivo.
Por su parte, Sarabia habría tenido conocimiento desde abril de 2025 de que el cronograma propuesto para implementar el nuevo modelo con la Casa de la Moneda de Portugal era inviable, tanto por problemas logísticos como por la limitada capacidad operativa de la Imprenta Nacional.
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— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) July 30, 2025
