La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó su rechazo al proyecto de ordenanza número 59, impulsado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que propone imponer una sobretasa de seguridad en la factura de servicios públicos de EPM.
El proyecto busca implementar una tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana para financiar la cuenta territorial de seguridad del departamento.
La propuesta contempla un aumento en la tarifa de energía eléctrica para los estratos 4, 5 y 6, así como para comerciantes y el sector industrial.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló que imponer este tipo de cargas tributarias adicionales afecta la viabilidad de las empresas, el desarrollo económico de la región y la generación de empleo. A través de su cuenta de X (antes Twitter), advirtió:
«Los funcionarios públicos siempre creen que las empresas y ciudadanos pueden pagar ‘un poco más’, y de gota en gota se llena el cántaro, obligando a las pymes, emprendimientos y empresas a irse a otros lugares o simplemente desaparecer”.
La responsabilidad en la construcción de competitividad también es de Gobernadores y Alcaldes. Llenar de impuestos adicionales a las empresas y ciudadanos no solo afecta la viabilidad y desarrollo de la región, sino que va en contra del empleo y las oportunidades para jóvenes y…
— Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) December 1, 2024
El gremio empresarial explicó que el costo de la energía eléctrica representa, en promedio, el 20% de los costos de producción industrial.
Según sus estimaciones, la sobretasa propuesta incrementaría en un 9,8% la tarifa industrial de energía, lo que, según la Andi, “lesiona gravemente a las empresas y deteriora la competitividad del departamento”.
La Andi subrayó que la economía colombiana atraviesa un periodo de incertidumbre y bajo crecimiento. En 2023, el crecimiento económico fue de apenas 0,6%. Además, destacó que la estructura tributaria del país es una de las más altas de América Latina, con una carga promedio del 71,2% para las empresas.
El comunicado del gremio advierte que un nuevo impuesto sobre el consumo de energía podría tener consecuencias inflacionarias y limitar aún más la capacidad de las empresas para invertir y generar empleo.
Riesgo de cierres empresariales
La Andi alertó que algunas compañías podrían verse obligadas a cerrar ante el aumento en los costos de producción, especialmente aquellas cuya operación depende en gran medida de la energía eléctrica. Para ciertas industrias, este recurso representa hasta el 66% de sus costos operativos.
El debate en la Asamblea
Mientras el proyecto avanza en la Asamblea de Antioquia, las críticas del sector empresarial podrían influir en el desenlace de la iniciativa.
El rechazo de la Andi refleja el dilema entre buscar recursos para mejorar la seguridad y proteger la sostenibilidad económica de la región.
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