Nuevos detalles han salido a la luz en el proceso judicial que enfrenta un grupo de exfuncionarios de Medellín, incluyendo a los exgerentes de Metroparque, Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda; la exdirectora del Inder, Diana Paola Toro Zuleta; y Mauricio Jaramillo, representante legal del contratista Cyan Eventos y Logística.
La Fiscalía ha solicitado penas que oscilan entre los 8 y los 33 años y medio de prisión, argumentando su presunta participación en delitos como contratación sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
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El caso gira en torno a un contrato firmado entre 2020 y 2021 por un monto de 21.800 millones de pesos, destinado a la adquisición de elementos deportivos financiados con recursos del presupuesto participativo. Sin embargo, las investigaciones revelaron presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación, como la ausencia de estudios de mercado adecuados, la modalidad de invitación privada y la recepción de elementos que no cumplían con los estándares estipulados en el contrato.
De acuerdo con las autoridades, estos factores indicarían que el contrato pudo haber sido direccionado para beneficiar al contratista Cyan Eventos y Logística, lo que generó un perjuicio considerable para las arcas públicas.
Además de las penas privativas de la libertad, la Fiscalía también ha solicitado sanciones contra el contratista Mauricio Jaramillo, incluyendo una inhabilidad para contratar con el sector público y multas que podrían ascender a los 5.000 millones de pesos. Estas medidas buscan resarcir el daño ocasionado al patrimonio público y prevenir futuros casos de corrupción.
Denuncian posible conspiración para frenar proyecto de Puerto Antioquia en Urabá https://t.co/nJidAxJJNr @INTERGREMIALant
— http://www.elmetro.co (@ElmetroCo) December 9, 2024
