El esperado intercambio vial de Fábricas Unidas, proyectado sobre la Autopista Sur a la altura del municipio de Itagüí, sigue sin avances en obra física, a pesar de ser una de las intervenciones de movilidad más necesarias para el sur del Valle de Aburrá.
Su principal objetivo es eliminar un semáforo que genera constantes embotellamientos y complicaciones para miles de conductores y pasajeros que transitan diariamente por este importante corredor vial.
Sin embargo, antes de que comiencen las máquinas, el proyecto ya enfrenta cuestionamientos de gremios y expertos académicos.
La advertencia más reciente fue emitida por la Universidad EIA, que alertó sobre los riesgos de retrasos en el cronograma y las incertidumbres en la financiación del proyecto.
“El cumplimiento oportuno del cronograma y el aseguramiento de los recursos financieros son condiciones indispensables para que esta obra genere los beneficios esperados”, advirtió el profesor Andrés Pava Restrepo, docente del programa de Ingeniería Civil de la EIA.
Retrasos que ya preocupan
En febrero pasado, el alcalde de Itagüí, Diego Torres, anunció la adjudicación de la interventoría, lo que abría la puerta al inicio del contrato de ejecución.
En ese momento se informó que la revisión de los diseños tomaría tres meses. No obstante, ya han transcurrido más de cuatro y las obras aún no comienzan, lo que representa un incumplimiento del cronograma.
“Un retraso significativo respecto al horizonte de diseño no solo podría reducir la vida útil efectiva del proyecto, sino también alterar negativamente la relación costo–beneficio de la inversión pública”, explicó el profesor Pava.
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Incertidumbre financiera
Otro aspecto crítico señalado por la Universidad EIA es el modelo de financiación adoptado.
El proyecto se ejecutará bajo un esquema de vigencias futuras gestionadas por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), un mecanismo que, según el análisis, ha presentado retrasos en otros proyectos similares por las dinámicas actuales de asignación presupuestal desde el Gobierno Nacional.
Esto podría implicar que el proyecto no solo tarde mucho más de los 30 meses contemplados inicialmente, sino que enfrente un horizonte de ejecución superior a cinco años, con graves consecuencias para la movilidad, la economía local y la calidad de vida de los habitantes del área de influencia.
“Además, comprometería la necesidad de mayores recursos económicos y la funcionalidad plena de la infraestructura en el mediano y largo plazo”, concluyó el académico.
Gestión predial: el otro gran desafío
El presupuesto total de la obra asciende a $120.000 millones, de los cuales aproximadamente $78.000 millones están destinados a la ejecución física, mientras que el resto corresponde a la adquisición de predios.
En este sentido, la gestión predial se perfila como uno de los retos más complejos del proyecto.
El informe de la EIA advierte que cualquier retraso en la disponibilidad de los recursos para la compra de terrenos puede frenar el avance de las obras, al impedir la apertura o continuidad de varios frentes constructivos.
“Por ello, los modelos de financiación de obras públicas deben estar estructurados de manera que eviten sobrecostos, garantizando el cumplimiento del principio de planeación como pilar fundamental de la inversión pública”, enfatizó el profesor Pava.
Riesgo de sobreestimar beneficios
La universidad concluye su análisis con un llamado a no sobreestimar los beneficios de este tipo de proyectos sin una planeación integral y rigurosa.
Según la institución, la falta de previsión puede traducirse en retrasos, sobrecostos y, en última instancia, en perjuicios directos para la ciudadanía, que es quien espera soluciones reales y oportunas a los problemas de movilidad.
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