La discusión por el nuevo estatuto de rentas en Antioquia ya comenzó a generar controversia incluso antes de su primer debate formal en la Asamblea Departamental.
La propuesta, contenida en el Proyecto de Ordenanza 52 del 15 de septiembre de 2025, contempla la eliminación de estampillas que actualmente financian instituciones de educación superior como el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Institución Universitaria Digital de Antioquia y, en parte, el Tecnológico de Antioquia.
El tema ha dividido opiniones entre sectores académicos, económicos y gubernamentales.
Mientras la Gobernación defiende la medida, asegurando que no habrá recortes sino sustitución de recursos, agremiaciones empresariales como Acopi (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) pidieron proteger la figura de las estampillas, argumentando que son un mecanismo comprobado para garantizar el acceso y la calidad de la educación superior pública.
“Eliminar esta estampilla significaría un retroceso en los avances alcanzados en materia de inclusión y equidad, además de poner en riesgo el futuro de miles de estudiantes que hoy encuentran en la educación la oportunidad real de transformar sus vidas”, expresó la organización en un comunicado, en el que pidió a diputados y al gobernador reconsiderar la decisión.
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Por su parte, el secretario de Educación de Antioquia, Mauricio Alviar, respondió a las críticas asegurando que las universidades no se verán desfinanciadas.
Según explicó, los recursos se reemplazarán por asignaciones directas del presupuesto departamental, lo que permitirá mayor estabilidad y planeación financiera.
“Es importante insistir en que no se van a quitar recursos a estas instituciones, se van a sustituir por recursos propios, que permanecerán y crecerán en términos reales durante los próximos diez años. Para 2026, por ejemplo, estamos hablando de una inversión estimada en $23.000 millones”, afirmó Alviar, quien añadió que este esquema permitirá superar problemas de recaudo que actualmente retrasan las transferencias de las estampillas.
El funcionario también señaló que la medida busca fortalecer la calidad de los programas, ampliar los cupos y llevar la oferta académica más allá del Valle de Aburrá, como parte de una política pública de largo plazo en educación superior.
La socialización oficial del proyecto en la Asamblea Departamental comenzará este miércoles 24 de septiembre, donde se espera un intenso debate entre diputados, académicos, gremios y representantes del gobierno departamental.
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