Hay gobiernos que dejan obras. Otros dejan reformas. Algunos dejan discusiones que el tiempo terminará de juzgar. Pero también existen administraciones que, más allá del debate político, dejan una sensación instalada de incertidumbre institucional y una factura fiscal que no desaparece con el cambio de gobierno.
Para un sector amplio de la opinión pública colombiana, el gobierno de Gustavo Petro será recordado por haber tensionado los límites institucionales del país y por instalar una narrativa de confrontación permanente.
Las críticas no han sido pocas: desde sus referencias a una eventual Asamblea Nacional Constituyente hasta los cuestionamientos constantes hacia organismos autónomos y entidades económicas.
Sus opositores sostienen que durante estos años se debilitó la confianza entre poderes públicos, se presionó el equilibrio institucional y se generó ruido innecesario sobre asuntos que históricamente habían contado con amplio consenso nacional, como el funcionamiento del sistema electoral o la independencia del Banco de la República.
También existe una percepción creciente de que el discurso del cambio terminó chocando con la realidad económica del país.
La promesa de transformación estructural no se tradujo, según sus críticos, en mejores indicadores de confianza ni en una recuperación sostenida de la inversión privada.
Mientras tanto, sectores empresariales y ciudadanos empezaron a hablar menos de expectativas y más de incertidumbre.
En seguridad, el balance tampoco escapa al cuestionamiento político. La narrativa de la “paz total” terminó enfrentándose a hechos sobre el terreno que alimentaron la percepción de pérdida de control estatal en algunas regiones, aumento del poder territorial de estructuras criminales y mayores dificultades para garantizar presencia institucional.
Pero el debate más duro probablemente no sea el político sino el financiero.
La imagen que mejor resume este momento para sus críticos es sencilla: el país como una casa que se entrega endeudada. Una vivienda donde se anunciaron remodelaciones, se multiplicaron compromisos y aumentó el gasto, pero cuya cuenta queda para quienes siguen viviendo en ella.
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El dato que hoy concentra buena parte de la discusión es el incremento del endeudamiento público. Quienes cuestionan al Gobierno sostienen que se aceleró el uso de emisiones de deuda y que el costo de financiar el Estado terminó creciendo en un contexto de desaceleración económica y presión fiscal.
La preocupación no es únicamente cuánto se debe, sino quién terminará pagando.
Porque la deuda pública no desaparece cuando termina un mandato. Se convierte en intereses, en espacio fiscal reducido y en menos margen para futuras administraciones. En términos simples: menos capacidad de maniobra para quienes lleguen después.
La crítica política que emerge desde este sector es contundente: mientras el ciudadano promedio enfrenta un costo de vida más alto, un mercado laboral que aún depende en buena parte de formas de contratación temporal y una economía con señales mixtas, quienes estuvieron en el poder no asumirán el costo directo de las decisiones tomadas.
De ahí nace la frase que empieza a circular en ciertos espacios políticos y digitales: Petro se va, pero nos deja la cuenta.
Y la pregunta que queda instalada no es solamente cuánto costó gobernar. Es quién terminará pagando la factura.
