Un mes después del atentado que casi le cuesta la vida al senador del Centro Democrático y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el proceso judicial que busca esclarecer lo ocurrido ha arrojado nuevos y contundentes hallazgos.
Este lunes, el abogado defensor Víctor Mosquera Marín confirmó que un juez de la República reconoció la responsabilidad del Estado colombiano por omisión en las medidas de protección al dirigente político.
Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, señalado como el principal articulador del ataque, se concluyó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no garantizó las condiciones mínimas de seguridad que Uribe requería en su calidad de líder opositor y aspirante presidencial.
“Un juez determinó que hay responsabilidad por omisión por parte del Estado, es decir, de la UNP de este actual Gobierno”, declaró el abogado Mosquera.
El jurista explicó que la justicia encontró fallas graves en el proceder de la entidad encargada de los esquemas de protección, al considerar que no actuó con imparcialidad ni diligencia frente a los múltiples requerimientos de seguridad del senador.
“El juez consideró que efectivamente a Miguel Uribe Turbay no le dieron la protección adecuada y hubo mezquindad de parte de esa entidad”, insistió Mosquera.
El atentado, ocurrido el 7 de junio en Bogotá, dejó a Uribe Turbay con dos heridas de bala en la cabeza y una más en una de sus piernas, dejándolo en estado crítico durante varios días.
La captura de cinco autores materiales, entre ellos el Costeño, se logró el pasado 5 de julio, tras una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y agencias internacionales de inteligencia.
El abogado agradeció la labor de las autoridades, pero subrayó que los esfuerzos deben continuar: “Estas capturas son muy importantes, pero no son suficientes. Vamos a seguir trabajando en todas las instancias, tanto nacionales como internacionales, para dar con los autores intelectuales y los instigadores del atentado”.
Además, Mosquera recordó que apenas dos días después del ataque radicó una denuncia penal ante la Fiscalía contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, por presunta omisión de funciones.
Según el abogado, desde que Uribe oficializó su precandidatura, se presentaron 23 solicitudes de refuerzo en su esquema de seguridad, la última de ellas el 5 de junio, apenas dos días antes del atentado.
“La propia UNP había advertido en 2023 sobre los riesgos que enfrentaba Miguel Uribe, pero nunca actualizó los estudios de riesgo tras su aspiración presidencial. Las respuestas de la entidad eran que ‘no representaba un riesgo’ y que ‘no podían colaborarle con sus desplazamientos’”, denunció el abogado.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció públicamente las falencias de la UNP en el trámite de solicitudes y anunció decisiones contundentes.
“Las personas de la UNP han tenido fallas en el trámite y la forma de resolver algunas solicitudes (…) hoy se van a tomar decisiones bastante fuertes sobre eso”, afirmó el funcionario.
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