Hoy, 31 de diciembre, no solo se cierra un año más en el calendario. Se entra también en la recta final de un gobierno que dejará una huella profunda —y preocupante— en la historia reciente del país.
Un balance que, lejos de la propaganda oficial, obliga a una reflexión seria sobre el rumbo que se tomó y las consecuencias que hoy enfrentan millones de colombianos.
Este fue el gobierno que, en nombre de una mal entendida “paz total”, le devolvió el control territorial a los grupos armados ilegales. Bajo su mandato se fortalecieron las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo; regresaron el secuestro y los atentados terroristas como parte del paisaje cotidiano; la extorsión se volvió norma en amplias regiones y el asesinato de líderes y candidatos volvió a recordarnos las peores épocas de nuestra historia.
También fue el gobierno que puso en riesgo la seguridad energética del país. La improvisación y la ideología reemplazaron la planeación técnica, debilitando a Ecopetrol y llevando a Colombia al borde de un apagón.
Hoy, el resultado es evidente: gas, gasolina y electricidad más caros, golpeando directamente el bolsillo de los hogares y la competitividad de la economía.
Durante estos años se intentó gobernar por decreto, se atacó a los jueces, se erosionó la seguridad jurídica y se normalizó la calumnia como método político. Se promovió una narrativa de confrontación permanente: empresario contra trabajador, sector privado contra Estado, evidencia contra dogma. Se desincentivó la inversión, se ignoró a los trabajadores informales, se amenazó la independencia del Banco de la República y se deja como herencia la deuda más alta de nuestra historia reciente.
En materia de ilegalidad, el balance es igual de desolador. Colombia alcanzó el mayor potencial de producción de cocaína jamás registrado. Los recursos destinados al agua de los niños de La Guajira fueron saqueados. Hay ministros en la cárcel y altos funcionarios compartieron tarima con algunos de los peores delincuentes del país. La “paz total”, lejos de pacificar, se convirtió en caldo de cultivo para nuevas violencias.
También pueden leer: 40 años de «Money for Nothing»
Fue además el gobierno que acabó con la carrera diplomática y que encontró adjetivos para criticar a todos y a todo, salvo a la dictadura venezolana. Un gobierno donde el populismo y la improvisación marcaron la política pública; donde el afán electoral se impuso sobre la gerencia; donde se privilegió la lealtad y el aplauso fácil por encima del conocimiento y la capacidad. Los “yes men” reemplazaron el debate técnico y la ejecución efectiva.
En esta recta final queda el saldo de un sistema de salud arrasado, con escasez de medicamentos; de obras de infraestructura prometidas y nunca entregadas; de escándalos tan frecuentes que dejaron de escandalizar. Un gobierno que prefirió hablar de complots y “golpes blandos” antes que asumir responsabilidades, y que sacó por la puerta de atrás a los funcionarios que se atrevieron a cuestionar los dogmas presidenciales.
Hoy, cuando termina el año, queda sobre todo una obligación democrática que no admite ambigüedades: defender la Constitución de 1991 frente a quienes, desde el poder, intentaron vaciarla de contenido y ahora buscan acabarla mediante un proyecto de Asamblea Constituyente.
Porque lo que está en juego no es simplemente un gobierno que se va, sino las reglas de juego que nos mantienen como República.
