La radicación de una nueva consulta popular en el Senado, impulsada por el Gobierno Nacional y que incluye 16 preguntas sobre temas laborales y de salud, ha desatado una nueva tormenta política en el Congreso de la República.
El debate se intensifica ante la posibilidad de que la iniciativa haya sido presentada de manera irregular por parte del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La controversia se encendió luego de que el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, denunciara que la consulta está viciada desde su origen.
Según Forero, los decretos de delegación de funciones presidenciales otorgadas al ministro Jaramillo —los decretos 506 y 528 de 2025— no contemplan la autorización para presentar consultas populares ante el Congreso, una facultad reservada exclusivamente al presidente de la República bajo el artículo 104 de la Constitución.
“Lo que hemos evidenciado es que en los decretos de delegación de funciones presidenciales al señor Guillermo Alfonso Jaramillo no se encuentra por ningún lado la facultad para promover consultas populares. Por esa razón, nosotros consideramos que la consulta radicada está viciada”, afirmó el congresista.
Ante esta presunta irregularidad, Forero anunció que ya fue radicada una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud, argumentando que podría haber incurrido en una violación al artículo 428 del Código Penal, que sanciona el abuso de función pública.
“El señor Jaramillo muestra la improvisación y la chambonería. Estamos radicando una denuncia penal porque consideramos que pudo haber violado la ley al usurpar una función que no le corresponde”, agregó Forero.
Además del cuestionamiento jurídico, se ha abierto otro frente de debate sobre la viabilidad legislativa de la consulta.
Algunos sectores políticos han señalado que no sería posible presentar una nueva consulta con las mismas preguntas que ya fueron rechazadas previamente por el Senado durante la actual legislatura, lo que obligaría al Gobierno a retirar la iniciativa.
“Así se retire, la denuncia penal sigue en curso. Pero hay que recordar que no se puede presentar en una misma legislatura una consulta con el mismo contenido que ya fue descartado. Por eso, consideramos que el Gobierno debería actuar con responsabilidad y abstenerse de insistir en esta vía”, concluyó Forero.
Por su parte, el Gobierno Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque se conoció que altos funcionarios están evaluando los hechos para establecer si existió alguna falta en el procedimiento seguido al momento de presentar la nueva consulta popular.
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