La Corte Suprema de Justicia estaría a punto de tomar una de las decisiones más relevantes dentro del escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Sala Especial de Instrucción cerró la fase probatoria en el proceso que se adelanta contra seis congresistas, quienes habrían incurrido en graves conductas de tráfico de influencias y presiones al Gobierno Nacional a cambio de contratos.
Los parlamentarios investigados son Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar y Juan Diego Muñoz.
Según fuentes judiciales, el expediente ya cuenta con un robusto acervo probatorio que permitiría avanzar hacia la etapa de juicio formal.
El magistrado Misael Rodríguez será el encargado de elaborar el proyecto de decisión que presentará ante la Sala de Instrucción.
En dicho documento se propondrá la apertura del juicio, sustentada en la evidencia recopilada durante los últimos meses.
Testimonios clave y pruebas contundentes
Entre los elementos más determinantes se encuentran los testimonios de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, y de los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, ambos ya condenados dentro del mismo escándalo.
Benavides entregó además copias de chats y comunicaciones que demostrarían una presunta presión ejercida por congresistas sobre funcionarios del Gobierno para garantizar la realización de sesiones legislativas y la aprobación de proyectos de endeudamiento durante 2023.
Las conversaciones, según el informe de la Corte, evidenciarían un intercambio de favores políticos por beneficios contractuales, lo que configuraría un entramado de corrupción con participación de congresistas, funcionarios y contratistas.
Un patrón de votaciones sospechoso
El caso también expone un comportamiento atípico en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). Entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023, dicha comisión aprobó 13 de los 18 conceptos de endeudamiento presentados por el Ministerio de Hacienda en un tiempo inusualmente corto.
Los investigadores interpretan este hecho como un posible indicador de acuerdos previos y coordinados entre congresistas y miembros del Ejecutivo, lo que habría facilitado la aprobación de créditos a cambio de compromisos contractuales.
El supuesto modus operandi
De acuerdo con la investigación, los legisladores habrían aprovechado su posición en el Congreso —especialmente en la CICP— para exigir o recibir contratos de la UNGRD o la promesa de estos, como contraprestación al respaldo parlamentario de iniciativas del Gobierno.
Entre los casos documentados figuran obras de emergencia en el municipio de Cotorra (Córdoba) y la compra de maquinaria para el departamento de La Guajira, cuyos contratos habrían sido gestionados paralelamente a la aprobación de proyectos de crédito público.
También pueden leer: Recuérdelo: Pico y placa del martes 4 al viernes 7 de noviembre en el Valle de Aburrá
Recuérdelo: Pico y placa del martes 4 al viernes 7 de noviembre en el Valle de Aburrá https://t.co/vYja3eSIfy
— http://www.elmetro.co (@ElmetroCo) November 3, 2025
