Colombia cierra el año con un avance sin precedentes para la educación superior pública.
El Congreso de la República aprobó el fortalecimiento financiero más importante de las últimas décadas para las instituciones de educación superior estatales, tras dar luz verde a la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. La iniciativa, que superó su trámite legislativo y pasa ahora a sanción presidencial, marca un punto de quiebre en la forma como se financian las universidades, instituciones técnicas y tecnológicas públicas del país.
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La reforma responde a una deuda histórica con el sistema universitario estatal, que durante años enfrentó un crecimiento acelerado en matrícula sin un aumento proporcional de los recursos. Esta brecha afectó la calidad académica, la cobertura y la sostenibilidad institucional. Con el nuevo marco normativo, se establecen reglas más justas y acordes con los costos reales de funcionamiento de las instituciones.
Uno de los cambios estructurales más relevantes es la modificación del mecanismo de ajuste presupuestal. A partir de ahora, los aportes de la Nación dejarán de depender exclusivamente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se actualizarán con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE. Este nuevo esquema permitirá que la financiación refleje de manera más precisa las necesidades reales del sistema.
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, destacó que esta decisión es el resultado de una lucha sostenida del movimiento estudiantil y de la comunidad académica. “Hace diez años miles de estudiantes salieron a las calles para exigir financiación pública para la universidad pública. Hoy esa lucha se materializa en una ley que transforma el futuro del país”, señaló. Además, anunció que el Ministerio está listo para radicar ante el Congreso una reforma integral que consolida la educación como un derecho.
En términos presupuestales, el fortalecimiento ya muestra resultados concretos. En los últimos tres años, los recursos destinados a las instituciones de educación superior públicas pasaron de 5,5 billones de pesos a cerca de 12 billones en 2025, incluyendo los programas de gratuidad. Para 2026, el presupuesto superará los 13 billones de pesos y, con la entrada en vigencia de la reforma, en 2027 el sistema recibirá cerca de un billón de pesos adicionales.
Estos nuevos recursos estarán orientados a ampliar la cobertura, mejorar la calidad académica, fortalecer la investigación, impulsar la infraestructura educativa, garantizar el bienestar universitario y cerrar brechas territoriales y sociales que históricamente han limitado el acceso de miles de jóvenes a la educación superior.
El objetivo de largo plazo es ambicioso: alcanzar una inversión equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) en educación superior pública, acercando a Colombia a los estándares internacionales y a los promedios de los países de la OCDE.
Este hito legislativo es fruto de un proceso de diálogo y concertación impulsado a través del Acuerdo Nacional por la Educación Superior, en el que participaron estudiantes, docentes, rectores e instituciones del sector. Más que una medida presupuestal, la reforma consolida una visión de país en la que la educación pública vuelve a ocupar un lugar central como motor de equidad, desarrollo y transformación social.
Con esta decisión, Colombia despide el año con un mensaje claro: la educación superior pública es una prioridad nacional y una apuesta estratégica para construir un futuro más justo y sostenible.
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