Este jueves se llevó a cabo en Puerto Nare la audiencia pública convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el propósito de escuchar las motivaciones de los ciudadanos que impulsan la revocatoria del alcalde Juan Carlos Acevedo Álzate, elegido en 2023 por el Partido Liberal con 3.703 votos.
El comité de revocatoria argumentó que el mandatario no ha cumplido con los compromisos establecidos en el Programa de Gobierno inscrito ante la Registraduría Municipal. Según los promotores del proceso, Acevedo ha mostrado una gestión distante y poco efectiva en el territorio.
“Su ausencia en el municipio no puede justificarse con fotos en redes sociales desde la Gobernación de Antioquia o ministerios en Bogotá. Los proyectos y resultados no se ven en el territorio, y las fallas son evidentes en varios sectores”, señaló Marcelo Montoya, habitante de Puerto Nare.
Falta de obras y decisiones cuestionadas
Entre las inconformidades presentadas por la comunidad, se mencionó la presunta participación de la gestora social, esposa del alcalde, en decisiones administrativas relacionadas con la contratación de personal.
Montoya también destacó algunos ejemplos de incumplimiento e ineficiencia: “La piscina municipal no pudo ser habilitada para los Juegos Departamentales del Nordeste y Magdalena Medio, lo que obligó a trasladar las competencias de natación a Puerto Boyacá. Además, el Centro de Bienestar del Adulto Mayor, iniciado en la anterior administración, sigue sin ejecución y prácticamente abandonado”.
Señalamientos de la Contraloría
La situación financiera y administrativa del municipio también fue objeto de análisis. En el informe de la Contraloría General de Antioquia (vigencia 2024) se evidenció una gestión deficiente del Plan de Acción, un cumplimiento crítico del Plan de Desarrollo, inconsistencias presupuestales graves, indicadores duplicados, baja ejecución en sectores clave y discrepancias entre lo reportado y lo ejecutado.
De acuerdo con el ciudadano Montoya, los ingresos municipales disminuyeron significativamente: “En 2023 se reportaron ingresos por $53.672 millones, mientras que en 2024 bajaron a $48.950 millones, una variación negativa de más de $4.700 millones. No hubo convenios interadministrativos ni gestión eficaz ante el Departamento o la Nación”, afirmó.
Asimismo, expresó preocupación por el aumento de las cuentas por cobrar, que pasaron de $13.807 millones en 2023 a $16.761 millones en 2024, sin avances en cobros coactivos ni acciones jurídicas de recuperación. En materia judicial, las deudas por demandas permanecen en $8.804 millones, sin conciliaciones o estrategias para mitigar su impacto financiero.
Controversia por la empresa de servicios públicos
Otro de los puntos más sensibles para la comunidad fue la entrega en concesión por 15 años de la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Nare (EPPN) a la firma AQS Servicios Públicos S.A.S., constituida el pasado 1 de julio en Rionegro, Antioquia.
Según denunciaron los asistentes a la audiencia, el contrato se adjudicó sin socialización previa y con condiciones que consideran desfavorables para el municipio.
La empresa AQS entregará solo el 10% del recaudo anual —estimado en 1.500 millones de pesos—, se quedará con el 40% de la cartera recuperada y no tendrá la responsabilidad de invertir en mantenimiento y obras que, por el contrario, deberá hacer la EPPN.
“Fue un acto de desinformación hacia la ciudadanía. Nos sentimos engañados, pues el contrato se firmó sin claridad ni participación comunitaria”, expresó Montoya.
El proceso continuará conforme a los plazos establecidos por la ley. En caso de cumplir los requisitos, la autoridad electoral podría autorizar la recolección de firmas para llevar a cabo la consulta de revocatoria, en la que los habitantes de Puerto Nare decidirán en las urnas si el actual mandatario debe continuar o no al frente del gobierno municipal.
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