La espiral de violencia que azota al Nordeste antioqueño obligó a 18 familias, integradas por 29 personas, entre ellas 11 menores de edad, a abandonar sus hogares en el municipio de Amalfi.
La causa: los constantes enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN, que mantienen una disputa por el control territorial en esta región.
Los desplazados llegaron al municipio vecino de Anorí en busca de protección, luego de quedar atrapados en medio del fuego cruzado.
De acuerdo con las autoridades, la situación en la vereda Los Toros de Amalfi es crítica: el gobernador de Antioquia denunció la instalación de campos minados y la ocupación ilegal de una sede educativa por parte del Clan del Golfo.
Estos hechos han provocado, además, el confinamiento de al menos 50 personas, en una clara violación al Derecho Internacional Humanitario.
“Estamos frente a una situación alarmante. La instalación de minas antipersonal en zonas habitadas y la utilización de infraestructuras civiles con fines militares son crímenes que deben ser investigados y sancionados”, expresó el gobernador en un pronunciamiento oficial.
Anorí: refugio sin garantías
Las familias desplazadas se encuentran actualmente autoalbergadas en el casco urbano de Anorí, donde la administración municipal ha iniciado la entrega de kits de aseo y alimentos como parte de la atención humanitaria.
Sin embargo, el propio alcalde, Gustavo Silva, ha advertido que las condiciones de seguridad en su territorio también son precarias.
“Los desplazamientos están volviendo a aumentar en el municipio. Estoy bastante preocupado por lo que está pasando por allá también. Las condiciones las tiene que garantizar el Ejército. No hay suficientes unidades de fuerza como para hacerle frente a los grupos criminales”, manifestó el mandatario local, visiblemente preocupado por la capacidad de respuesta ante la amenaza armada.
Y es que en apenas una semana, Anorí ha sido escenario de dos hechos violentos particularmente graves: el fallecimiento de dos adolescentes de 15 y 17 años que activaron un campo minado, y el asesinato de un integrante de la guardia indígena, quien había sido retenido junto con otros cuatro miembros del resguardo indígena Río Alto San Juan, del municipio de San Pedro de Urabá.
Un llamado urgente al Gobierno Nacional
Aunque la Brigada 14 del Ejército informó que mantiene presencia operativa en la región para contener la violencia y proteger a la población, el alcalde Silva reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que refuerce de manera urgente la presencia militar y garantice la protección de las comunidades atrapadas en medio del conflicto armado.
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