El Gobierno del presidente Gustavo Petro dio a conocer este jueves el borrador de un proyecto de ley que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente, con el propósito de reformar o incluso reemplazar la Constitución Política de 1991.
El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre, quien explicó que el país enfrenta un escenario de “bloqueo institucional” que, según el Ejecutivo, impide avanzar en las reformas estructurales que considera necesarias para el desarrollo nacional.
Montealegre indicó que la iniciativa apunta a “refundar el pacto social colombiano” y adaptar el marco constitucional a las nuevas realidades políticas, sociales y económicas del país.
Principales propuestas del borrador
El texto preliminar incluye transformaciones de amplio alcance en diversos frentes:
– Reforma del sistema judicial: se propone una reestructuración profunda de las altas cortes, con el objetivo de “modernizar la justicia” y eliminar duplicidades entre las instituciones.
– Cambio del modelo económico: el documento prioriza una mayor intervención del Estado, la redistribución de la riqueza y la consolidación de una “economía solidaria” centrada en la equidad social.
– Seguridad y defensa: el proyecto busca redefinir estos conceptos bajo el principio de “seguridad humana”, enfocándose en la protección integral de las personas.
– Inclusión del Acuerdo de Paz con las FARC: se plantea incorporar el Acuerdo Final de 2016 como parte del bloque de constitucionalidad, garantizando su cumplimiento obligatorio.
– Reforma política: entre las propuestas más destacadas se encuentra la eliminación o limitación de la reelección presidencial, la obligatoriedad de listas cerradas con paridad de género, y la revisión del sistema de financiamiento electoral.
Composición y facultades de la Constituyente
El borrador prevé que la Asamblea Nacional Constituyente esté integrada por 71 delegatarios, quienes sesionarían durante un período de tres meses. Este cuerpo tendría plenas facultades para modificar la totalidad de la Constitución vigente.
Asimismo, el proyecto contempla que el Presidente de la República reciba facultades extraordinarias por seis meses para expedir decretos con fuerza de ley relacionados con la organización y funcionamiento del proceso constituyente, así como con los requisitos para la elección de los delegatarios.
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